Este instrumento es valioso porque, entre otras cosas, permitiría que se adopten medidas para la protección de personas defensoras del ambiente y que se establezcan acciones para la participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales.
Por: Josseline Roca (@JVioletaRoca)/ Foto (Referencia): Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú
Organizaciones ambientalistas demandaron este miércoles que el gobierno de Nayib Bukele firme el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, cuya fecha límite es el 25 de septiembre, dado que administrativamente no podría hacerse el procedimiento el sábado 26.
«El Salvador es uno de los pocos países que ni siquiera ha dado a conocer su posición oficial», indicó César Artiga del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú.
Artiga destacó que «este es el primer instrumento legal que mandato a los estados sobre la protección de personas defensoras».
Las organizaciones esperan que este jueves el Presidente Bukele anuncie la firma del instrumento, cuando diserte, de manera virtual, ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Entre 2014 y 2018 El Salvador fue parte de los 24 países que conformaron el comité de negociaciones, por lo que las redes de ambientalistas esperan que el país «honre su compromiso».
Integrantes del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú también solicitaron a la Asamblea Legislativa que emita un dictamen recomendable al presidente de la República para que firme el Acuerdo de Escazú.
La urgencia de firmar el Acuerdo de Escazú
Un informe de Global Witness (2019) revela que 212 personas defensoras de los bienes naturales fueron asesinadas en el mundo. “Latinoamérica y el Caribe es la región más peligrosa para ser una persona defensora de la tierra. Consideramos que el acuerdo es necesario», enfatizó César Artiga.
Este instrumento es valioso porque, entre otras cosas, permitiría que se adopten medidas para la protección de personas defensoras y que se establezcan acciones para la participación de las personas en las decisiones ambientales.
“Como país estamos en una situación bien difícil desde el punto de vista ambiental. Tenemos bastantes conflictos ambientales. Creemos que es necesario que las leyes se implementen. Necesitamos ese Acuerdo de Escazú para garantizar la participación y la contraloría a la que tenemos derecho», afirmó Morena Murillo de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
La lideresa señaló que las decisiones no pueden seguir siendo tomadas por empresarios y funcionarios «sin haber consultado a las personas que van a ser afectadas». Citó como ejemplo el caso de la concesión dada por ANDA a la familia Dueñas para la explotación exclusiva de pozos para el proyecto urbanístico Valle El Ángel.
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En un informe de julio de 2020, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el Acuerdo de Escazú «es un valioso instrumento para buscar soluciones centradas en las personas y basadas en la naturaleza», en el contexto de la pandemia de la COVID-19.
