Por: Red Informativa de ARPAS/Foto: FESPAD
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) cuestionó las declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien en una entrevista radial admitió que el gobierno monitorea y “da seguimiento” a periodistas que, -en su opinión- transgreden los límites de la ética y hacen apología de delitos.
El relator de libertad de expresión de APES, Serafín Valencia, mencionó que espiar a periodistas “es una vieja práctica” que viene desde la época de la guerra; “la única diferencia es que hoy lo reconocen públicamente”, dijo, refiriéndose a las declaraciones del ministro Villatoro. Mientras que la presidenta de la gremial periodística, Angélica Cárcamo, anunció que elevarán la denuncia ante instancia internacionales, pues lo dicho por Villatoro confirma la denuncias de seguimiento y acoso contra periodistas que ha venido haciendo APES.
La denuncia de APES fue respaldada por la Mesa de Protección a Periodistas. Leonel Herrera, director de ARPAS, exigió al gobierno respetar el rol crítico del periodismo y alertó a la sociedad salvadoreña sobre el creciente autoritarismo del actual gobierno. Mientras que Herbert Serafín, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), hizo una llamado a la nueva Asamblea Legislativa a retomar el proyecto de Ley de Protección a Periodistas, recientemente enviada al archivo por la mayoría oficialista.
Ante las fuertes críticas que suscitó, el ministro de Seguridad se retractó y escribió en Twitter que las reacciones a sus declaraciones eran un intento de hacer ver mal la gestión gubernamental
Diversas organizaciones nacionales e internacionales, entre éstas la Relatoría de Libartad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han criticado al gobierno, especialmente al presidente Bukele, de vulnerar la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país. Una práctica recurrente es descalificar, estigmatizar y atacar en redes sociales a periodistas y medios que publican información sobre irregularidad en el uso de fondos públicos.
