Por Red Informativa de ARPAS/ Fotografía UNES
Los diputados de la Comisión Ad Hoc que estudia la Ley de Recursos Hídricos recibieron a representantes de organizaciones ambientales, juntas de aguas, integrantes de pueblos originarios y otros sectores de la sociedad, quienes reiteran la necesidad de incrementar la participación de representantes de sociedad civil en la gestión del recurso hídrico.
Líderes indígenas del Comité de la Defensa de los Recursos Naturales de Nahuizalco expusieron la relación de los pueblos originarios con la naturaleza. Destacando la importancia del Río Sensunapán y solicitaron que la ley regule la cantidad de centrales hidroeléctricas en los ríos.
Por su parte, miembros de la Mesa de Sustentabilidad de los Territorios de Sonsonate señalaron que ven con preocupación que la ley presentada por el presidente Nayib Bukel tiene un enfoque económico y ante esto proponen que se permita e incremente la participación ciudadana.
Además, piden la protección de las cuencas; priorizar el uso del agua para consumo humano, implementas un régimen de tarifas equitativas, controlar la emisión de permisos ambientales. Así como poner en la agenda legislativa la adhesión de El Salvador al #AcuerdoDeEscazú.
Para Andrea Padilla de la Unidad Ecológica Salvadoreña la propuesta de ley que se tiene como base en estudio tiene deficiencias y cuestiona el débil mecanismo de acceso a la información que enfrenta la población.
Desde la UNES proponen incluir a las organizaciones territoriales, crear un Consejo Consultivo de los actores del agua, incluir el enfoque de género, creación de estructuras zonales de cuencas y coinciden en impulsar un régimen económico equitativo.
Ausentes en la Ley propuesta por el Gobierno de Bukele
Representantes de las Juntas de Agua piden a los diputados de la comisión fomentar la participación de las juntas y asociaciones de agua en la discusión y administración del recurso hídrico. La junta de agua de San Antonio del Monte, en Sonsonate, propuso establecer una relación entre el Ministerio de Medio Ambiente y los subsectores de agua. Además de revisar el financiamiento de la ASA.
Por su parte, las juntas comunitarias de agua de La Libertad solicitan hacer la diferenciación entre el funcionamiento de una junta de agua y las empresas. Mientras que las juntas comunitarias de Acajutla piden: priorizar el uso del agua, incorporar permisos de abastecimiento en zonas urbanas y rurales, regular el agua que se utiliza en cultivos.
En julio, representantes de estas juntas llegaron hasta la Asamblea Legislativa a solicitar ser incluidos en la actual discusión de la ley de aguas y que se les permita participar en los procesos entorno del recurso natural.
Ricardo Navarro, director del CESTA y miembro del Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático solicitó cambiar el artículo 10, relacionado a la autonomía financiera de la Autoridad Salvadoreña del Agua, reducir los 15 años de autorización para el uso del agua con fines mercantilistas. Además, desde el movimiento crear un viceministerio del agua, proteger la biodiversidad e impulsar procesos de arborización.
