Por Red Informativa de ARPAS/Fotografía MINSAL
El ministro de Salud, Francisco Alabí, “se hizo empresario”, en plena pandemia del COVID-19, según una publicación reciente de la revista Factum. El medio digital señala que en octubre de 2020, mientras los hospitales públicos se saturaban de pacientes con coronavirus, el titular de la cartera de salud pública fundaba la empresa Bariatric Center y Clínicas Curen que ofrece servicios médicos de reducción de peso.
Socia es contratista del MINSAL
Factum detalla que el ministro de Salud tiene como socia de su empresa a Karen Rivas Landaverde, una mercadóloga que ha ganado contratos con el MINSAL durante la gestión de Alabí, para manejar las redes sociales y levantar la imagen de algunos hospitales públicos.
Ministro Francisco Alabi y Karen Rivas
Clínica opera sin permiso del Consejo de Salud Pública
Otras de las irregularidades que señala Factum es que las Clínicas Curen, del ministro de Salud y de su socia y contratista Karen Rivas Landaverde, no tiene el correspondiente permiso del Consejo Superior de Salud Pública, instancia que autoriza el funcionamiento de centros privados de salud previa verificación del cumplimiento de requisitos sanitarios, técnicos y de bioseguridad.
Factum constató que la empresa de Alabí no está en la base de datos actualizada de establecimientos de salud autorizados por el Consejo, registro que tiene su base legal en el Código de Salud.
Compra de insumos a empresa familiar
El ministro de Salud es muy cercano al presidente Nayib Bukele y se mantiene en el cargo a pesar de graves señalamientos de irregularidades en el uso de fondos públicos en la pandemia. Uno de los casos más emblemáticos -revelado en julio de 2020 por la revista digital Gato Encerrado– es la compra de botas para personal médico a una empresa familiar que vende repuestos de automóviles, por 225,000 dólares, en julio del año pasado.
La “Ley Alabí”
El ministro Alabí fue formalmente el promotor de una ley avalada por Casa Presidencial que, en opinión de expertos en transparencia y organizaciones sociales, constituye un manto de impunidad sobre los posibles delitos de corrupción del gobierno durante la emergencia sanitaria.
Se trata de la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones de Excepcionales de Salud Pública Ocasionadas por la Pandemia de COVID-19, aprobada el 5 de mayo de este año por la mayoría parlamentaria oficialista. Dicha normativa permite saltarse la LACAP en las compras estatales, otorga impunidad a los funcionarios involucrados en el manejo de fondos públicos y desprotege a los pacientes en casos de mala praxis médica y su efecto es retroactivo durante todo período de la pandemia.
Bloqueos a la Fiscalía y la CICIES
El 12 de noviembre del año pasado, el Ministerio de Salud bloqueó y saboteó una allanamiento que realizaba la Fiscalía (del ex fiscal general Raúl Melara) y personeros de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador CICIES. La diligencia tenía el objetivo de obtener pruebas documentales de los posibles casos de corrupción de Alabí.
La Fiscalía denunció actos de “bloqueo, violencia e intimidación” por parte del personal de seguridad del MINSAL y de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) enviada, no para apoyar la acción fiscal como establece la ley, sino para impedir el allanamiento, acción que significa una clara obstrucción a la justicia.
Eliminación de permisos de Salud a construcciones
Otra acción del ministro Alabí que ha sido cuestionada por organizaciones sociales es la derogación de varios artículos del Código de Salud que establecían requisitos sanitarios y medioambientales para las construcciones. La medida aprobada por los diputados bukelistas y avalada por el Ministerio de Salud desregula aspectos como el suministro de agua potable, tratamiento de aguas residuales y otros aspectos de saneamiento en construcciones públicas y privadas.
Según el Foro Nacional de Salud, la derogación de esas disposiciones atenta contra la salud de la población y el medioambiente.
