Justicia, verdad y reparación, eso siguen esperando miles de víctimas y familiares de víctimas de la guerra civil.
Hace dos años, el 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una histórica sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, normativa que blindaba a quienes durante la guerra civil cometieron graves violaciones a derechos humanos.
Sin embargo, tanto las víctimas como las organizaciones que les acompañan en el camino en busca de la justicia y la verdad, expresaron su preocupación pues a dos años de esta decisión de los magistrados Constitucionalistas, los avances por parte de los Órganos Ejecutivo y Legislativo, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) son muy pocos.
Manuel Escalante, abogado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) sostuvo que es lamentable que instituciones como la Asamblea Legislativa no hayan aprobado aún un marco normativo sobre el tema, como lo mandata la sentencia de la Sala. En su lugar, recientemente se anunció la creación de una comisión Ad-Hoc para construir una ley de reconciliación nacional:
Las organizaciones señalaron que la Asamblea Legislativa ha hecho oídos sordos a la propuesta de ley de reparación integral para las víctimas, presentada al Parlamento el año pasado.
Respecto al Ejecutivo, Saúl Baños de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), sostuvo que les preocupa que no haya voluntad política de los titulares de algunas instituciones de aportar al cumplimiento de la sentencia:
Carolina Constanza del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madelaine Lagadec, agregó que si bien la Fiscalía General de la República ha avanzado con la creación de una unidad especializada para investigar e
las violaciones a derechos humanos durante la guerra civil, es necesario tome acciones contundentes:
Estas reacciones se dan tras el desarrollo de la segunda audiencia de seguimiento de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Las organizaciones piden, además, a la Sala de lo Constitucional emitir una resolución formal que establezca plazos definidos para que las instituciones entreguen avances del cumplimiento de la sentencia.
