Los ministros de Salud, Francisco Alabí, y de Defensa Nacional, Francis Merino Monroy, han sido citados por segunda ocasión por el Fiscal General para que expliquen en qué basaron la decisión de imponer un cerco sanitario en el Puerto de La Libertad.
Por: Norma Ramírez/ Foto: Ministerio de Defensa
La Fiscalía General de la República (FGR) continúa con la investigación sobre la legalidad del «cerco sanitario» impuesto la semana pasada en el Puerto de La Libertad tras la orden -vía redes sociales- que el presidente de la República, Nayib Bukele, diera al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy.
Para escuchar la postura oficial y las razones técnicas y sanitarias, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, convocó al ministro de Salud y al ministro de Defensa. Sin embargo, ninguno de los funcionarios atendió la cita.
El ministro de Defensa se justificó diciendo que su ausencia se debió a razones laborales. Mientras que Francisco Alabí, titular de Salud, no llegó y tampoco envió se excusó.
La Fiscalía, a través de la Unidad de Intereses del Estado, investiga la imposición del cerco sanitario que por 48 horas limitó la movilidad de personas en el Puerto de La Libertad. “Nadie podrá salir ni entrar al municipio, ni siquiera con causa justificada”, dijo el presidente Bukele al dar la orden.
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, citó por segunda ocasión a ambos funcionarios de gobierno para que expliquen la decisión.
El titular de la FGR, sostuvo una reunión con el Colegio Médico para conocer la opinión técnica y los criterios epidemiológicos para establecer un cerco sanitario.
“Toque de queda sin régimen de excepción es un acto arbitrario”
El Fiscal General de la República, Raúl Melara, reiteró ayer que las alcaldías no pueden imponer toques de queda porque esto es ilegal. “Un toque de queda no dictaminado por la Asamblea Legislativa, bajo un régimen de excepción, es un acto arbitrario”, afirmó el Fiscal.
Sobre el desacato del presidente de la República, Nayib Bukele, a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, el Fiscal dijo que no puede pronunciarse. «Mal haría yo en pronunciarme o en decir que voy a ejercer una acción solo porque alguien dice ‘no voy a hacer’, hay que ver que se ejecuta al final para proceder o no», dijo a la prensa.
Organizaciones de derechos humanos cuestionaron la actitud del presidente Bukele. De hecho, Abraham Ábrego de la Fundación Cristosal, manifestó que el desacato a las resoluciones de la Sala de lo Constitucional podrían constituirse en un motivo de destitución de funcionarios.
“Cerco sanitario en La Libertad no tuvo a la base criterios técnicos”
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el «cerco sanitario» implementado en el Puerto de La Libertad no tuvo a la base criterios técnicos.
“Ciertamente debido a la crisis que viven el país y el mundo debido a la pandemia, las instituciones del Estado tienen la obligación de garantizar y proteger la salud y vida de las personas dentro de los límites que le imponen el respeto de otros derechos y libertades fundamentales, que no pueden ser restringidos sino por una ley formal”, dice en un comunicado el titular de la PDDH, Apolonio Tobar.
El Procurador recomendó al ministro de Salud, Francisco Alabi, que evite que la medida se siga implementando sin tomar en cuenta el Código de Salud. A los Concejos Municipales a que, en el marco de las medidas de prevención, tomen en cuenta las recomendaciones de la PDDH y las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.
Y al presidente de la República a que se “abstenga” de emitir órdenes que ponga en riesgo el acceso a alimentos de la población.
