Este lunes 24 inició el proceso de reapertura económica en el país con la salida del 60% del transporte público de pasajeros y la apertura de otros sectores productivos afectados por la pandemia por COVID-19, luego de casi 5 meses de medidas restrictivas para prevenir su contagio. Organizaciones sociales han alertado que, de no contar con un plan para dicho proceso, existe un alto riesgo de aumento de contagios.
Por: Krissia Girón/ Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia
El Salvador vivió en los últimos cinco meses entre medidas fuertemente restrictivas de movilización, tránsito y cierre de la economía hasta la apertura gradual de estas. Este lunes, la reapertura económica inició en su totalidad con el regreso a las calles del transporte colectivo y la reactivación de otros sectores productivos que se vieron afectados por la pandemia por COVID-19.
Uno de los sectores que reinició labores fue el transporte publico de pasajeros, para este el gobierno dispuso de un protocolo para evitar contagios. Funcionarios del gobierno realizaron temprano una verificación del cumplimiento de medidas en una estación de autobuses.
De acuerdo al Viceministerio de Transporte (VMT), 60% de las unidades a nivel nacional están prestando servicio a la población.
El VMT advirtió que las unidades que no comiencen a operar este lunes enfrentarán sanciones, según el contrato de concesión, y ninguna está autorizada a aumentar la tarifa del pasaje.
“En caso de algún incumplimiento, se aplicarán todas las medidas necesarias de acuerdo con la Ley”, alertó el Viceministerio.
Sobre esto, el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, aseguró que el gobierno «capacitó a cerca de 30 mil personas, entre empresarios y motoristas de transporte colectivo y de otros transportes para que conozcan los protocolos».
Sin embargo, representantes de la mesa nacional del transporte dijeron que no retomarían sus recorridos hasta que no haya un acuerdo sobre la compensación económica. “No reiniciaremos labores”, aseguró René Velasco.
Al ser cuestionado sobre los señalamientos, el ministro de Obras Públicas, aseguró que es una «minoría» de empresarios los que no están de acuerdo en el reinicio de labores.
Por otro lado, varias empresas reabrieron sus puertas a los clientes. Hoy los ciudadanos deben exigirles que cumplan con las medidas de bioseguridad que garanticen la salud y el bienestar de los salvadoreños, aseguraron las autoridades.
La comisionada presidencial, Carolina Recinos, instó a las empresas a que apliquen los protocolos “no descuidemos a las familias, mujeres, adultos mayores, embarazadas», dijo la funcionaria.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, por su parte, dijo que la reanudación de las actividades, y especialmente de las operaciones de transporte público, puede provocar un aumento de contagios de COVID-19, pero esta situación no se verá reflejada de inmediato, aseguró. Estimó que el número de casos podría aumentar en dos o tres semanas.
Alabí explicó que, bajo las especiales circunstancias del transporte de pasajeros, le preocupa que la circulación de buses y microbuses, que utiliza el 70% de la población, lleve el coronavirus a lugares más vulnerables como las zonas rurales donde no se han reportado muchos casos. «Debemos tener mucho cuidado en todas las medidas», expresó.
Según datos oficiales, El Salvador ha tenido una reducción de casos de COVID-19 por 13 días consecutivos. Hasta este lunes 24 de agosto, se reportaron 24,811 casos confirmados, 669 personas fallecidas y 12, 492 personas recuperadas.
Desde la semana pasada, instituciones del Ejecutivo presentaron protocolos para el uso del transporte público, lugares de trabajo, reapertura del aeropuerto Internacional Monseñor Oscar Romero y otros sectores. Señalaron que la aplicación de estas medidas también deben implementarse en la empresa privada.
La reapertura económica se da luego que la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, declarara constitucional el Decreto Legislativo 661, que contiene la Ley Especial de Emergencia por la Pandemia COVID-19, Atención Integral de la Vida, la Salud y Reapertura de la Economía.
Organizaciones sociales alertan que no contar con un plan para realizar la reapertura económica de forma ordenada pone en riesgo de contagios a la población. Además, cuestionan que los planes a ejecutar están desvinculados de las comunidades y del sector informal, que representa el 72% de las empresas en el país.
