Por Red Informativa de ARPAS/Foto: FESPAD
El cumplimiento de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, aprobada en marzo de 2017, exigieron representante de la Mesa Nacional Frente a la Minería en El Salvador (MNFM). Recordaron que el Estado no ha procedido con el cierre técnico de minas y la remediación ambiental establecido en la normativa.
Además, señalaron que les preocupa que, frente a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, se considere a la minería como una «alternativa económica». Advirtieron que está comprobado científicamente que los llamados «proyectos de muerte» afectarían gravemente al país.
La MNFM observa con preocupación la propuesta de reformas a la Constitución promovida por el gobierno de Nayib Bukele, la cual no incluye la demanda de las organizaciones de elevar a rango constitucional la prohibición de la minería. «La reforma constitucional se posiciona como un nuevo reto de las organizaciones de derechos humanos, comunitarias, ambientales y movimiento social en general, junto a la promoción de tratado regionales para la protección de las cuencas transfronterizas y la garantía de no reversión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y su cumplimiento», señalan en un comunicado.
Por lo tanto, las organizaciones presentarán en las próximas semanas una nueva propuesta de reforma a la Constitución para que el tema sea incluido en el debate que realizará la Asamblea Legislativa.
Luis González, integrante de la Mesa, también señaló como urgente que el Estado salvadoreño establezca negociaciones con Guatemala y Honduras para la protección de las cuencas transfronterizas debido a las amenazas de los proyectos mineros ubicados en fronteras los cuales contaminan cuencas compartidas, una de ellas el Río Lempa. «Un paso es hacer la prohibición de la minería a nivel constitucional y, también, que el Estado negocie un tratado de aguas transfronterizas», agregó.
Ayer la Asamblea Legislativa de mayoría de Nuevas Ideas, aprobó la «Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas», con la cual aseguraron se busca «diversificar nuestra la matriz energética» del país.
Al respecto, la Mesa considera que con este tipo de leyes «se pueden abrir puertas a concesiones o exploración, y con la falta de capacidad del Estado de dar cumplimiento a leyes pueden operar proyectos de minería y nadie se da cuenta. Necesitamos un estado fuerte que cumpla las leyes», señalaron.
