Las organizaciones que conforman el movimiento Las 17 y más se pronunciaron ante la decisión del Tribunal Segundo de Sentencia, que ratificó la condena de 30 años impuesta en 2008 contra Teodora Vázquez por homicidio agravado, quien en realidad sufrió un aborto involuntario, según organizaciones sociales.

Para las organizaciones, el sistema de justicia no quiere reconocer su error al haber condenado Teodora a 30 años de cárcel por un delito del cual, consideran, no existen pruebas científicas.

Las 17 lamentan que el tribunal haya ratificado esta condena, y recordaron que está pendiente la aprobación de la reforma al código 133 A del Código Penal, que permitiría la interrupción del embarazo en cuatro causales, que resolvería lo que consideran un vacío legal que lleva a las mujeres del hospital a la cárcel.

Recientemente en su visita a El Salvador, el Alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dijo sentirse “horrorizado” al conocer de casos de mujeres encarceladas por sufrir complicaciones con el embarazo, como Teodora, y pidió que use decrete para ellas una moratoria.