Según este periódico, la resolución judicial pide que se desarchive “el presente proceso y por ende la reapertura y continuidad de la instrucción penal en el proceso penal sobre averiguar la comisión de los delitos que provisionalmente se califican como asesinato, actos de terrorismo, daños agravados, otros estragos, robo y privación de libertad… durante el operativo militar realizado del 17 al 22 de agosto de 1982 en el municipio de San Esteban Catarina y otros sitios aledaños”.

Sobrevivientes de la matanza intentaron desde 1992 reabrir el caso pero la respuesta fue siempre desfavorable por parte de la justicia salvadoreña; sin embargo, en 2016 el exprocurador de Derechos Humanos, David Morales, representante legal de los afectados, acudió a la Sala de lo Constitucional pidiendo la reapertura del caso.

Según documentos de la CIA dados a conocer por la Universidad de Washington, el operativo militar que acabó con la vida de más de 200 campesinos civiles, fue dirigido por el coronel Sigfredo Ochoa Pérez. Las víctimas fueron en su mayoría mujeres, viejos y niños.