Los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, denunciados esta semana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA y el Servicio Social Pasionista, no se han dado por una orden institucional, sostuvo este jueves el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.

Al igual que lo hizo el viceministro de seguridad ante la CIDH, Ramírez Landaverde, dijo en la entrevista El Salvador Ahora, de canal 10, que son respetuosos de los derechos humanos. Agregó, que los agentes de seguridad están sometidos a procesos de formación y especialización en dicho tema y que el Estado no tolera estos hechos.

El IDHUCA y el Servicio Social Pasionista, acusaron al Estado salvadoreño, ante la CIDH, de no esclarecer los hechos de uso excesivo de la fuerza por agentes policiales y militares que finalizaron en ejecuciones contra civiles. En todos los casos, según las organizaciones, las autoridades defendieron el proceso, asegurando que se trató de enfrentamientos con grupos criminales.

El titular de seguridad, lo reafirmó y aseguró que no existe intención de encubrir a los agentes que resulten responsables, como lo apuntaron los denunciantes.

Ante los 10 casos que tienen documentados, las organizaciones denunciantes sugirieron al Estado que mejore el trabajo interinstitucional y cree una comisión especial para investigar estos hechos, que esté integrada por la Fiscalía, la Procuraduría de Derechos Humanos y la PNC. Pero, el ministro de seguridad asegura que ya existe una mesa entre las instituciones de seguridad con instancias de derechos humanos, en la que hay participación de las organizaciones sociales.

La CIDH emitirá un informe con la denuncia presentada y existe la posibilidad de que una delegación visite El Salvador para conocer de cerca la problemática.