Las ejecuciones extrajudiciales en El Salvador son una realidad y se han incrementado. Así lo denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Servicio Social Pasionista y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).
Ambas organizaciones salvadoreñas han documentado 10 casos de ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la de la finca San Blas. La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han asegurado que se trató de enfrentamientos con grupos criminales; sin embargo, los denunciantes señalan que las pruebas muestran lo contrario, así lo apuntó Arnaul Baurlenas, del Idhuca:
Las organizaciones también expresaron preocupación porque en el marco de la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, se han incrementado estos hechos. Y además, por la existencia de supuestos grupos de exterminio al interior de los cuerpos de seguridad.
Otro de los señalamientos, es la impunidad en los pocos procesos que se judicializan por estos crímenes. Los denunciantes señalaron que la Fiscalía General no está siendo diligente, al pedir que se proceso en libertad a los agentes.
Por su parte, el viceministro de seguridad, Raúl López, en representación del Estado, justificó que el incremento de la violencia, provocada por las maras y pandillas, ha hecho que el gobierno implemente medidas de represión más drásticas. No obstante, dijo que son respetuosos de los derechos humanos.
López enfatizó ante la CIDH, que en los casos denunciado ha habido “una decisión personal, no una política del Estado de El Salvador”.
En 2016 hubo 59 pandilleros fallecidos por cada policía asesinado en supuestos enfrentamientos, según lo expusieron las organizaciones.
Este año, de enero hasta finales de agosto, se registraron 346 supuestos enfrentamientos, en los que fallecieron 202 presuntos pandilleros. Además, en lo transcurre del 2017 han sido asesinados 23 policías, dos de ellos en tiroteos con pandilleros y el resto fue atacado cuando se encontraban de licencia.
James Cavallaro, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que cuando se dan estas cifras “puede tratarse de algunos enfrentamientos y en muchos casos de ejecución”.
Las organizaciones que interpelaron al estado salvadoreño, exigieron que se investigue y sancione a policías y militares vinculados a ejecuciones extrajudiciales, y que se fortalezca los controles internos de la PNC.
