Lo bueno. El gran logro del actual gobierno: sobrevivir al boicot de la derecha oligárquica, sobre todo a la perversa estrategia de asfixia financiera. A pesar de los bloqueos de ARENA y sus acólitos gremiales, oenegeros y mediáticos, el Ejecutivo mantiene programas de protección social, redujo la inseguridad y propició un considerable despegue de la economía.

La histórica inversión social de 7,000 millones de dólares, la reducción del 53% de los asesinatos, el crecimiento de 2.5% del PIB y el aumento del salario mínimo (250 y 300 dólares) son, entre otros, indiscutibles avances gubernamentales silenciados o minimizados por la prensa hegemónica.

A diferencia de las administraciones areneras que gobernaron con correlación total (controlaban todo el aparato estatal: Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia, Corte de Cuentas, Fiscalía), el actual gobierno del FMLN logra todo esto sin correlación parlamentaria, con la Sala Constitucional en contra y con un Fiscal General hostil.

Lo malo. El gobierno aplica medidas de corte neoliberal que contradicen su política social y revierten el efecto del incremento salarial: eliminación de subsidios a las familias, reducción del “gasto público” (incluidos salud y educación) y otras medidas de ajuste cuyos costos políticos no son valorados por la izquierda gobernante.

No hay cambios en el gabinete. En el discurso dado a sus simpatizantes al salir de la Asamblea, Salvador Sánchez Cerén dio la justificación dudosa de que “todos sus funcionarios trabajan bien”. Un presidente responsable en la conducción del gobierno ya habría despedido al ministro de Hacienda y reestructurado el gabinete económico, por lo menos.

Lo feo. La actitud anti – democrática y anti – país de la oligarquía, expresada en el boicot de los diputados de ARENA y los magistrados de la Sala Constitucional convertida en la última trinchera de defensa del estatus quo.

Los diputados no aprueban préstamos, reformas fiscales, emisión de bonos, reorientación de fondos, nada; y cuando el gobierno logra apoyos en la derecha disidente, la Sala lo revierte. Los magistrados también emiten sentencias que bloquean los ingresos público y proyectos emblemáticos como el SITRAMSS.

El propósito de esto es la caída o – al menos – el desgaste del gobierno, que permita a ARENA ganar mayoría absoluta en las elecciones legislativas de 2018 y recuperar el Ejecutivo en 2019 para reinstaurar su forma de gobierno corporativo, patrimonialista y corrupto.

En función de este tenebroso propósito actúan gremiales empresariales (ANEP, ASI, Cámara de Comercio), organizaciones de derecha (FUSADES, FUNDE, Consorcio por la Transparencia) y los grandes medios conservadores (TCS, EDH, LPG).