“Ante la falta de pruebas usarán testigos criteriados para acusarme de lo que sea”, dijo Funes. “Los (testigos) criteriados dicen cualquier cosa para salvar su pellejo”, afirmó el ex mandatario desde Nicaragua, donde se encuentra asilado tras denunciar persecusión política de la derecha oligárquica salvadoreña.

La advertencia del ex presidente Funes se suma a los crecientes señalamientos sobre falta de transparencia e imparcialidad en el trabajo de la Fiscalía: procesa unos casos y otros no, en unos actúa contundentemente y en otros se muestra timorata, algunos los maneja de manera reservada y otros los monta con shows mediáticos, etc.

La semana pasada, representantes de la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) reclamaron por la inacción fiscal en varios casos que involucran a personeros del oligárquico partido ARENA: FECEPE, “destinatarios” de Taiwán, magistrado Belarmino Jaime, entre otros.

Amparados en disposiciones del Código Procesal Penal, los miembros de ASGOJU solicitaron a la Fiscalía un informe sobre los casos de Belarmino Jaime y los “destinatarios” por denuncias presentadas en octubre del año pasado. Por cierto, el Fiscal General Douglas Meléndez tiene un plazo máximo de cinco días para responder y aún no lo ha hecho.

A las críticas contra la Fiscalía se suman los señalamientos contra el Sistema Judicial, sobre todo la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta semana la Corte se amparó a sí misma y anuló dos resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contra los magistrados de la Sala Constitucional.

Los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndes y Sidney Blanco no quisieron revelar información sobre una sospechosa reunión que tuvieron con representantes de medios conservadores y, para evitar la sanción del IAIP, pidieron que sus suplentes los ampararan. Extrañamente los demás magistrados de la Corte Plena también los respaldaron.

El hecho constituye un atentado contra el acceso a la información, la transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción. Sin embargo, FUSADES, FUNDE y el Consorcio por la Transparencia no lo han condenado. A parte de ARPAS y los comisionados del IAIP, nadie más se ha pronunciado.