La promesa de los diputados fue ante una multitud encabezada por el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, y el rector de la UCA, Andreu Oliva. Los manifestantes marcharon desde el Parque Bolívar hasta el Palacio Legislativo, para entregar 30 mil firmas que piden prohibir la minería.

Que todas las fracciones parlamentarias se comprometan a poner al país a salvo de la minería mediante la prohibición legal, es una alegre y esperada noticia. Sin embargo, como dice la frase popular, “hasta no ver no creer”; por eso es necesario mantener la presión social hasta que la referida normativa haya sido aprobada por el pleno legislativo.

La desconfianza es válida porque los grupos parlamentarios conservadores, especialmente ARENA, han sido proclives a los intereses mineros. Es hasta hoy, por la presión de la Iglesia Católica, que la derecha legislativa se compromete públicamente a apoyar la prohibición de esa nociva industria.

Hasta hace pocos días, los diputados y diputadas del gobernante FMLN eran los únicos promotores de la propuesta de ley antiminera. Por eso, el país no debe confiarse de la promesa de quienes actúan más por oportunismo político que por conciencia ambiental: hay que estar movilizados hasta que 43 o más votos en la Asamblea hayan avalado la normativa.

Y ojalá que, después de aprobarse la ley contra la minería, la Iglesia Católica también exija la aprobación de la ley general de agua. Tal vez así los partidos de derecha, defensores de los intereses privatizadores de la gran empresa, cambian de actitud y dejan de bloquearla.

Hace un par de semanas, el Papa Francisco pidió que todos los Estados reconozcan en sus legislaciones el agua como derecho humano; por tanto, el Arzobispo Escobar Alas también debe promover la propuesta de ley de agua y la reforma constitucional que reconoce el agua y la alimentación como derechos de todas las personas.

Volviendo a la minería, además de aprobar la ley prohibitiva, también hay que exigir a Pacific Rim/Oceana Gold pague los 8 millones de dólares que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) le ordenó retribuir al país en concepto de costos procesales.

El Fiscal General, Douglas Meléndez, debe proceder de inmediato a embargar las propiedades y activos de la transnacional minera para cobrar la referida indemnización. También el ministro de Gobernación, Aristides Valencia, debe proscribir a la Fundación El Dorado, la máscara de Pacific Rim/Oceana Gold para todavía engañar gente en Cabañas.