El presidente Juan Manuel Santos valoró esta reforma como “la más importante” del acuerdo de paz, porque brinda la “seguridad jurídica necesaria” para la terminación del conflicto armado.

Se trata de “un sistema de justicia especial inédito, con el que garantizamos que los responsables de los crímenes más graves sean investigados, juzgados y sancionados por un tribunal”, expresó el jefe de Estado.

La norma crea las herramientas necesarias para el juzgamiento de los actores del conflicto armado. Propone penas de hasta 20 años de cárcel para quienes no reconozcan su responsabilidad.

José Antequera, una de las víctimas del conflicto, señaló que el miedo a la justicia es una de las razones de algunos senadores para oponerse.

La Jurisdicción Especial para la Paz también permitiría a los guerrilleros participar en política, pese a las sanciones impuestas por esa jurisdicción.
El Congreso debía aprobar la normativa hace una semana pero debido a la ausencia de senadores debió aplazarse para ayer.