El bloqueo permanente de ARENA – que consiste en negar en forma sistemática la aprobación de prespuestos, préstamos, reformas tribitarias, bonos y reorientación de fondos con el propósito de asfixiar económicamente al Ejecutivo – podría ser constitutivo de hechos ilícitos.

La presunción es válida, pues las referidas acciones del partido oligárquico menoscaban las reglas democráticas, tienen como objetivo la desestabilización (económica, política y social) y sus efectos violentan derechos elementales de la población, sobre todo de los sectores vulnerables que necesitan la protección estatal.

Pero aún si el boicot financiero y sus terribles consecuencias para el país no fueran delitos, existen dos razones jurídicas (y políticas) por las cuales ARENA debería ser procesada, condenada y proscrita. Una está relacionada con su origen criminal y la otra tiene que ver con el uso de dineros ilícitos.

Sobre la primera razón, ARENA surgió como un grupo paramilitar. Roberto d’Aubuisson fundó ARENA a inicio de los años ochenta del siglo pasado junto con los “escuadrones de la muerte” que asesinaron a sindicalistas, estudiantes y activistas opositores a la dictadura militar. En este contexto inicial de ARENA, d’Aubuisson también asesinó a Monseño Óscar Arnulfo Romero.

Y la segunda razón tiene que ver con el uso de los fondos donados por el gobierno de Taiwán, que fueron administrados irregularmente por el ex presidente Francisco Flores. Altos personeros del partido oligárquico (Jorge Velado, Alfredo Cristiani y otros) han admitido que 10 millones de dólares fueron utilizados para la campaña presidencial del año 2004.

Utilizar dineros ilegales en campañas electorales es un delito, y los 10 millones donados por Taiwán eran doblemente ilícítos: se obtuvieron mediante un acto de corrupción (peculado) y provenían de una actividad delictiva (lavado de dinero). Por tanto, al admitir que usó esos fondos, ARENA confiesa que cometió delitos.

Por eso varias organizaciones sociales preparan una demanda penal que será presentada próximanente en la Fiscalía General de la República. La demanda busca aplicar la Ley de Extinción de Dominio a los activos de ARENA y promover su desinscripción con partido político en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).