Legisladores de ARENA y GANA afirman que destituir a los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco afectaría la institucionalidad del país.
“Jamás vamos a respaldar eso (la petición de destitución) porque las instituciones son independientes”, dice Guadalupe Vásquez. El flamante jefe parlamentario de GANA dice que a los magistrados de la Sala “hay que respetarlos” aun cuando hayan emitido sentencias cuestionables.
Mientras que René Portillo Cuadra, de ARENA, sostiene que destituir a los magistrados sería “desarticular el régimen jurídico del país y el orden constitucional”. Sería aberrante, antidemocrático y un golpe de estado contra el Poder Judicial, considera este ex asesor sindical devenido en defensor de los intereses oligárquicos.
Ignorancia no es, porque los diputados saben que el Artículo 186 de la Constitución de la República faculta a la Asamblea Legislativa a elegir y destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre éstos los de la Sala de lo Constitucional.
“Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un período de nueve años…..”, dice literalmente el referido artículo; y agrega que (los magistrados electos) “podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas previamente establecidas por la ley”. Para esto se necesita la mayoría calificada de 56 votos.
Por tanto, la petición de ASGOJU y del grupo parlamentario efemelenista está enmarcado en las facultades de la Asamblea establecidas en la Constitución. No sería una aberración o un golpe al Órgano Judicial, como dicen los diputados Vásquez y Portillo Cuadra.
Lo que explica la postura de los diputados de derecha es más bien una actitud irresponsable de mantener en sus cargos a magistrados que violentan la Constitución y de falta de valentía para enfrentar a cuatro funcionarios que se creen dioses omnipotentes.
Los magistrados de la Sala le ganaron el valor a estos diputaditos cobardes que tienen miedo iniciar el proceso de destitución. Es risible ver algunos legisladores de derecha bravucones frente a algunos temas, caos o instituciones; pero sumisos y temerosos frente a los desmanes, abusos y atropellos de la Sala Constitucional.
Irresponsabilidad y cobardía son, pues, las categorías que definen la postura de la derecha parlamentaria ante la petición legal y legítima de las organizaciones progresistas y la izquierda gobernante de destituir a los magistrados Jaime, González, Meléndez y Blanco.
