ASGOJU pide que la Corte Plena ordene a la Sección de Probidad que haga auditorías a las declaraciones patrimoniales de los ex funcionarios denunciados y todas las diligencias necesarias para determinar el posible cometimiento de delitos de corrupción.
Los denunciados son ex secretarios presidenciales, ex ministros, ex viceministros, ex titulares (presidentes y directores) de instituciones autónomas del gobierno del ex presidente Antonio Saca. Entre éstos Luis Mario Rodríguez (ex secretario jurídico de la Presidencia), Luis Cardenal (ex ministro de Turismo) y Federico Hernández (ex presidente de CONCULTURA).
Entre los denunciados también están Rodrigo Ávila (ex director de la PNC), Margarita Escobar (ex viceministra para Salvadoreños en el Exterior), Gerardo Suvillaga (ex director del CNR), Darlyn Meza (ex ministra de Educación) y otras que recibieron “sobresueldos” o “bonificaciones especiales” de la partida secreta de Casa Presidencial durante el quinquenio 2004-2009.
Estos y otros ex funcionarios aparecen en recibos revelados por el bloguero Alejandro Muyshondt y publicados por medios de comunicación digitales. La existencia de dichos pagos ha sido confirmada por algunos de los implicados, entre éstos la actual diputada Margarita Escobar, quien afirmó que fue “por méritos” y “resultados obtenidos en el trabajo”.
Según ASGOJU, la denuncia se adecúa a los criterios prioritarios establecidos por la Corte Plena para instruir investigaciones a la Sección de Probidad: la proximidad de la prescripción, la responsabilidad de los funcionarios y la notoriedad de los casos.
Así que la Corte Plena debe investigar: porque la denuncia es válida, porque está entre su facultades investigar la corrupción y… por vergüenza (como dijo una de las demandantes), para mostrar aunque sea un poco de imparcialidad. Esto, porque hasta hoy Probidad no ha querido investigar a ex funcionarios de ARENA.
Hace dos semanas ASGOJU presentó en la Fiscalía un aviso de investigación contra estos mismos ex funcionarios. Presionado por la exigencia pública de organizaciones y funcionarios del gobierno, el Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que “va a investigar”; sin embargo, aún no judicializa el caso ni pide el desafuero de quienes son actualmente diputados.
Esperemos, pues, que la Corte Plena y su Sección de Probidad investiguen. ¡Por vergüenza!…
