Primero fue el Foro del Agua que aglutina a las organizaciones que históricamente han demandado la aprobación de una Ley General de Agua que garantice el acceso al agua para toda la población, la protección de las cuencas, la descontaminación de ríos y quebradas, el carácter público del ente rector de la política hídrica y la participación comunitaria en la gestión del vital líquido.

La Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) y otras redes del movimiento social se sumaron rápidamente al rechazo de la espuria propuesta de ARENA, GANA, PCN y PDC que busca mercantilizar el agua otorgándole a la empresa privada el control de la institucionalidad hídrica.

Luego la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). La Procuradora Raquel Caballero – a pesar de haber sido nombrada a propuesta de la derecha parlamentaria – reivindicó en un contundente pronunciamiento el agua como derecho y bien público que debe ser gestionado por el Estado.

Después la Iglesia Católica. El Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, en sintonía con la postura del Papa Francisco favorable al derecho al agua, rechazó la perspectiva privatizadora y la propuesta de ley de la derecha.

Tras su rol determinante en la aprobación de la ley que prohíbe la minería metálica, la jerarquía católica busca ahora incidir en la promulgación de una ley de agua pensada desde el derecho humano y no desde los intereses lucrativos.

En este contexto de creciente rechazo a la privatización y de reivindicación del derecho al agua, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) presentó una propuesta alternativa que ya está en el seno de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático. La iniciativa es respaldada por la PDDH, la Iglesia Católica y las organizaciones populares.

La UCA propone un ente rector totalmente público y un espacio consultivo integrado por representantes de diferentes sectores sociales, académicos, gremiales y comunitarios.

Sin proponérselo, los partidos de derecha están movilizando al país contra sus afanes privatizadores. Aún si aprobaran su nefasta ley – porque tienen los votos para hacerlo – ARENA, GANA, PCN y PDC verían impotentes un seguro veto presidencial.

A la derecha parlamentaria se le “sopló el cohete” y le salió el “tiro por la culata”.