Extrañamente el intento de reforma aparece cuando sendos procesos y peticiones de extinción de dominio apuntan hacia sectores o personeros de la derecha partidaria, empresarial y mediática.

Las críticas contra la “Ley Especial de Extinción del Dominio y Administración de Bienes de Origen o Destinación Ilícita” iniciaron cuando la Fiscalía procedió contra bienes del ex presidente arenero Francisco Flores. Parece que la ley dejó de ser buena cuando se aplicó a un personero de la oligarquía.

Dicha ley se vuelve peor cuando la Alianza por la Gobernabilidad y Justicia (ASGOJU) pide embargar cuentas del COENA para recuperar 10 millones robados de las donaciones de Taiwán, cuando la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) exige extinguir concesiones radioeléctricas del Grupo SAMIX y cuando el economista Salvador Arias solicita expropiar bienes a 176 ex funcionarios areneros que robaron miles de millones de dólares de fondos públicos.

Según su Artículo 5, la Ley aplica sobre “cualquier bien que provenga o se destine a actividades relacionadas con lavado de dinero y activos, crimen organizado, maras o pandillas, agrupaciones y organizaciones criminales, actos terroristas, tráfico de armas, trata de personas, narcotráfico, delitos informáticos, corrupción, delitos contra la hacienda pública y actividades ilícitas que generen beneficio económico o material, realizadas en forma individual, colectiva o a través de grupos delictivos organizados”.

El referido artículo agrega que “también se aplicará a bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado o cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas”.

Dicha ley sólo se había aplicado a pandilleros, narcotraficantes y a algunos políticos vinculados o aliados de la izquierda gobernante, como Leonel Flores (ex director del ISSS) o Reynaldo Cardoza (diputado del PCN). Pero ahora alcanzó a miembros de la derecha arenera y, por tanto, hay que cambiarla.

No es la primera vez que la derecha cambia las reglas cuando éstas se vuelven en su contra. En 2005 la Corte Plena eliminó facultades investigativas a la Sección de Probidad para bloquear investigaciones sobre enriquecimiento ilícito de altos funcionarios del gobierno de Francisco Flores, sin que FUSADES y demás paladines de la transparencia protestaran por eso. Hoy es la Ley de Extinción de Dominio la que debe anularse.

Una cosa es aplicar la ley con sesgos o atropellando debidos procesos, lo cual debe corregirse; pero otra muy diferente es utilizar tales fallas procedimentales como pretexto para revertir una normativa que ayuda a combatir al crimen organizado y a la corrupción. El intento de reforma es, por tanto, sospechoso.