Entres los investigados destacan Luis Cardenal (ex ministro de Turismo), Margarita Escobar (ex viceministra para Salvadoreños en el Exterior), Luis Mario Rodríguez (ex secretario jurídico de la Presidencia), Federico Hernández (ex presidente de Concultura), Rodrigo Ávila (ex director de la PNC) y Roberto Rubio (ex miembro de la CND).
Completan la lista Gerardo Suvillaga (ex director del CNR), Albino Román (ex presidente de CEPA), Darlyn Meza (ex ministra de Educación), Michelle Gallardo (ex viceministra de Turismo y de Medioambiente) y Carmen Sosa de Callejas (ex directora del ISNA).
Los nombres y firmas de estos ex funcionarios aparecen en recibos publicados por el bloguero Alejandro Muyshondt. Dichos documentos confirmarían la entrega de bonificaciones especiales pagadas con fondos de la partida secreta de la Presidencia durante la gestión de Antonio Saca, actualmente procesado – junto a varios de sus funcionarios más cercanos – por actos de corrupción.
Algunos de los ex funcionarios investigados por la CSJ representan a organizaciones o gremios que “promueven las transparencia” y se llenan la boca hablando de anticorrupción, sobre todo Luis Cardenal (actual presidente de la ANEP), Luis Mario Rodríguez (ahora representante de FUSADES) y – especialmente – Roberto Rubio (eterno director de FUNDE). Rubio y FUNDE, incluso, representan al capítulo salvadoreño de Transparencia Internacional.
Los demandantes también denunciaron a estos ex funcionarios en la Fiscalía, sin que hasta la fecha se conozcan diligencias realizadas por esta instancia.
La próxima semana representantes de organizaciones sociales también presentarán sendas demandas en la Fiscalía y en la CSJ contra otra decena de exfuncionarios areneros que aparecen en la última tanda de recibos filtrados por Muyshondt. En esta nueva lista figuran personajes como Jorge Nieto (ex titular de SIGET y del MOP), Conrado López Andreu (ex ministro de Gobernación), David Escobar Galindo (ex miembro de la CND) y – nuevamente – Roberto Rubio.
Las organizaciones sociales también estudian la posibilidad de presentar ante la Corte Plena denuncias contra la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar y con los ex funcionarios que fueron “destinatarios” de los fondos donados por el gobierno de Taiwán para ayudar las víctimas de los terremotos del año 2001.
La lucha contra la corrupción debe avanzar más rápidamente.
