Al subir de 45% a 50% el fondo de pensiones disponible, el Ejecutivo obtendría 500 millones de dólares para pagarle a 175 mil jubilados, entre ellos 78 mil del sector privado. Sin embargo, la “honorable” Sala lo bloqueó, como ha bloqueado también financiamiento para seguridad pública, reformas tributarias, creación de fondos especiales y hasta amenaza con anular el presupuesto nacional de este año.

Dicha actuación de la Sala confirma que los maquiavélicos magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco son pieza clave en la estrategia de asfixia financiera que ARENA impulsa contra el gobierno. Por eso, no es casualidad que el partido oligárquico sin descaro alguno saluda públicamente la resolución que deja sin pensión a los jubilados, en impago al gobierno y el país al borde una crisis financiera de incalculables consecuencias.

La Sala es la última trinchera de la derecha oligárquica para revertir los proyectos del gobierno y sus magistrados son los verdugos de una izquierda que no quiso aliarse con el pueblo para cambiar la correlación, prefirió administrar la crisis neoliberal heredada de los gobiernos areneros y se extravió en los caminos del “pragmatismo político”.

Tarde, el Presidente Salvador Sánchez Cerén – en cadena de radio y televisión – rechazó ayer la decisión de la Sala y llamó al país a “respaldar las medidas que el gobierno tomará al respecto” (Un día antes el mandatario sancionó las nocivas reformas a la Ley de Extinción de Dominio que la izquierda gobernante aprobó a cambio de la reforma previsional truncada por la Sala: ¡la real politik no funcionó!).

A inicios de este año la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) lanzó una “campaña de desobediencia cívica por el desacato popular contra la Sala Constitucional”. La iniciativa, incluyó concentraciones, demandas legales (en Fiscalía, PDDH, Tribunal de Ética, etc.) y la petición a la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados.

La campaña – amparada en el derecho constitucional a la insurrección popular – planteaba desobedecer las resoluciones (sentencias y medidas cautelares) de la Sala que violenten la Constitución, los derechos humanos, el estado de derecho y la institucionalidad del país.

Así que el momento es oportuno para que el país entero asuma la propuesta del desacato: que el gobierno desobedezca resoluciones como la que impide pagar a los jubilados y todos los sectores democráticos, decentes y honrados se movilicen para presionar a la Asamblea Legislativa por la destitución de los magistrados que por mandato de la derecha oligárquica empujan al país hacia el despeñadero.

Entonces, ¡desacato contra la Sala YA!