ARENA se ha negado respaldar una reforma previsional que corrija el problema que ella misma ocasionó al privatizar el sistema público en 1998 durante el gobierno de Armando Calderón Sol. El partido oligárquico rechaza visceralmente la propuesta de crear un modelo mixto (público-privado) para administrar las pensiones.

Sin embargo, ahora tiene el descaro de ofrecer sus votos a cambio de modificar la ley que permite expropiarle bienes mal habidos a criminales organizados y a ex funcionarios corruptos.

La extinción de dominio – según el artículo 5 de la referida ley – aplica sobre “cualquier bien que provenga o se destine a actividades relacionadas con lavado de dinero y activos, crimen organizado, maras o pandillas, agrupaciones y organizaciones criminales, actos terroristas, tráfico de armas, trata de personas, narcotráfico, delitos informáticos, corrupción, delitos contra la hacienda pública y actividades ilícitas que generen beneficio económico o material, realizadas en forma individual, colectiva o a través de grupos delictivos organizados”.

También se aplica a “bienes que constituyen un incremento patrimonial no justificado o cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas”.

Y el intento arenero de modificar la Ley se debe a que algunos procesos y peticiones de extinción de dominio apuntan hacia sectores o personeros de la derecha partidaria, empresarial y mediática. Es decir, ARENA ofrece respaldar una reforma previsional a cambio de librar a sus ex funcionarios corruptos de la confiscación del dinero robado y bienes mal habidos.

¿De qué otra manera podría interpretarse un intento de reforma justo cuando Fiscalía aplica la extinción de dominio a bienes del ex presidente Francisco Flores, ASGOJU exige confiscar al COENA por robarse 10 millones de dólares donados por Taiwán y ReDCo pide revertir las concesiones radioeléctricas de un grupo fuerte de ASDER?

El intento de reforma también tiene como telón de fondo la decisión de la Corte Plena de ordenar a la Sección de Probidad que investigue a una decena de ex funcionarios areneros por posible enriquecimiento ilícito y la presentación de varias demandas por delitos de corrupción contra otros personeros de la derecha oligárquica.

Por tanto, Lorenzana tiene razón: lo de ARENA es una extorsión que el gobernante FMLN debe rechazar. Todas las organizaciones populares, movimientos sociales, sectores democráticos y población decente también deben repudiar el chantaje arenero, exigiendo la reforma de pensiones y rechazando las modificaciones a la Ley de Extinción de Dominio.