La ratificación de las reformas –que eliminan la aplicación expedita de la extinción del dominio a bienes mal habidos y prescriben los casos de corrupción cometidos diez años atrás- tendrán consecuencias nocivas para la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción.

En la práctica, la confirmación presidencial de las reformas deja en la impunidad la oprobiosa corrupción de los gobiernos areneros. La exigencia de que “ARENA devuelva lo robado” ahora será un estribillo caduco o un eslogan hipócrita de la izquierda gobernante, porque legalmente la derecha oligárquica ya no está obligada a devolver los miles de millones de dólares de fondos públicos que robó cuando gobernó al país.

Con la vigencia de las reformas, quedan inválidas las demandas contra delitos de corrupción de ARENA que impulsaban en la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia organizaciones como ASGOJU, ReDCo, el economista Salvador Arias y la propia Secretaría de Transparencia de la Presidencia.

El Presidente Sánchez Cerén ha exonerado a la veintena de políticos y empresarios “destinatarios” de las donaciones de Taiwán, a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, a las decenas de ex funcionarios que recibieron sobresueldos, a los implicados en los 150 casos de corrupcion que presentó Transparencia, etc.

Hace cuatro años el ex presidente Mauricio Funes destapó la corrupción arenera con los sonados casos CEL – Enel y ex presidente Flores-donaciones de Taiwán. Ahora Sánchez Cerén le pone un manto de impunidad.

¿Quién pensaría que el Presidente que prometió “profundizar los cambios” iniciados por su antecesor se convertiría en el “Salvador” de ARENA y en sepolturero de la lucha popular contra la corrupción oligárquica? Es la política de lo insólito y absurdo, la real-politik in extremis y despojada de la coherencia ética, la temeraria falta de previsión de costos políticos.

La sanción de las reformas también reactiva a desprestigiadas ONGs de derecha que se habían replegado con su cínico discurso anticorrupción. FUSADES, FUNDE y compañía volverán a la carga con sus “Caso Funes”, “Caso Sigfrido”, “José Luis Merino” y demás que puedan inventarse, porque éstos si serán perseguibles penalmente todavía.

Las organizaciones revolucionarias, progresistas y democráticas por su parte deberán replantear su estrategia y acciones de lucha contra la corrupción en el nuevo escenario jurídico y político que generan las reformas a la Ley de Extinción de Dominio.