La Sala aceptó un recurso de “hábeas corpus” presentado por la defensa de los ex jefes castrenses, el cual reclamaba presuntas vulneraciones a la libertad personal y seguridad jurídica. Los acusados también alegan violación del principio de prohibición de doble juzgamiento.

Argumentando que hace un año la Corte Plena negó la extradición a España, los magistrados de la Sala – entre los que se encuentra un ex defensor de presos políticos y un ex querellante particular de la UCA – dejan libres a los asesinos de Ignacio Ellacuría, Martín Baró, Segundo Montes y demás jesuitas masacrados, junto a Elba y Celina Ramos, en noviembre de 1989.

Entre los beneficiados están Juan Rafael Bustillo, Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes y Carlos Mauricio Guzmán. Estos criminales de guerra, violadores de derechos humanos y delincuentes de lesa humanidad pueden estar tranquilos, gracias a los “honorables” de la Sala.

Así, los tristemente célebres magistrados – que han pretendido dar lecciones de democracia, transparencia, ética, legalidad y justicia – exhiben otra vez su desfachatez y doble moral. Con semejante decisión, la Sala Constitucional fomenta la impunidad y la injusticia.

Recientemente la Sala revirtió una reforma que permitiría pagar las pensiones a 175 mil jubilados y anuló el presupuesto nacional de este año. En esta última invadió competencias especializadas del Ejecutivo y estableció criterios sobre el gasto público, pero – descaradamente – evitó pronunciarse sobre los ingresos (evasión y elusión fiscal, regresividad tributaria).

A pesar de todos sus desmanes, los magistrados se mantienen por el respaldo de sectores oligárquicos, la cobertura de ciertos medios hegemónicos y la cobardía de los diputados que se niegan a destituirlos. Fiscalía, Tribunal de Ética y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tampoco actúan, a pesar de varias demandas presentadas.

La impunidad de la Sala Constitucional también se favorece con la falta de contundencia de la izquierda gobernante y de sectores progresistas, que la critican pero terminan aceptando sus espurias resoluciones.