La Iglesia Católica lo sabe. Por eso la semana pasada el Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, anunció el acompañamiento eclesial a la propuesta presentada por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), que es también apoyada por las organizaciones aglutinadas en la Alianza contra la Privatización del Agua.

Hay dos proyectos de ley que amenazan con privatizar el agua. Una es la propuesta presentada por los partidos de derecha (ARENA, GANA, PCN y PDC) en junio de este año y otra es la iniciativa de reformar la Ley de Asocio Público Privado promovida por el Ejecutivo.

La primera pretende entregar el control del ente rector del agua a la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y la segunda busca incoporar el agua (junto con la salud y la educación) en la lista de rubros para la creación asocio público-privados. Esta última fue presentada por derechista ministro de Economía Tarsis Salomón, con el aval de Casa Presidencial.

Por tanto, urge derrotar ambas propuestas que amenazan con privatizar el vital líquido y presionar por una ley de agua que garantice el derecho humano, la gestiónn pública y la participación comunitaria. Hay que sumar todos los apoyos a la propuesta de la UCA y la Iglesia Católica.

El país ya hizo historia con la ley prohibitiva de la minería, que dio al mundo un ejemplo de defender el medioambiente y la vida; y hoy podría dar otro igual con una ley de agua. La humanidad que – debido al consumo exhacervado y la explotación irracional de los recursos naturales – camina segura a la extinción y autodestrucción, necesita este tipo de mensajes.

Que el país, pues, haga todo… por el agua. Hay que presionar a la Asamblea Legislativa, sobre todo a los partidos de derecha, especialmente ARENA, para que respondan a las necesidades del país y las demandas de la población, no a los intereses privatizadores de las empresa oligárquicas.

Defender el agua es una cuestión de vida o muerte para las presentes y futuras generaciones, y así deben entenderlo también las autoridades del Ejecutivo. El presidente Salvador Sánchez Cerén debe mandar a retirar las reformas presentadas por el MINEC y dar instrucciones claras al Ministerio de Medioambiente de empujar una ley no privatizadora.