Las organizaciones rechazan la propuesta presentada por los partidos de derecha que busca privatizar el agua y exigen una normativa que reconozca el derecho humano al agua, establezca un ente público para implementar las políticas hídricas y garantice la participación comunitaria en la gestión del vital líquido.

Las demandantes protestaron en todas las entradas del Palacio Legislativo y denunciaron la intención de los grupos parlamentarios conservadores – especialmente de ARENA – de crear un ente rector de políticas de agua controlado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), gremial que promueve la privatización del vital líquido.

A la protesta de la Alianza contra la Privatización del Agua realizada ayer deberían seguir otras acciones de presión contra la Asamblea, que irresponsablemente continúa postergando la aprobación de una legislación tan urgente.

Hace algunas semanas la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático aprobó la creación de una autónoma como instancia para las políticas hídricas, como proponen la UCA y la Iglesia Católica; sin embargo, no determinó cómo estará integrada dicha instancia.

Tras el aval de la ley prohibitiva de la minería metálica se esperaba también una pronta aprobación de la ley de agua. Sin embargo, ésta y otras normativas ambientales – como la de soberanía alimentaria y de prohibición de los agrotóxicos – parecen destinadas a “dormir el sueño de los justos” en el seno de la Asamblea.

Pero esto podría cambiar con la movilización y presión popular, especialmente ahora que se aproximan las elecciones para diputados del 2018. La población debe identificar a los diputados y diputadas de ARENA, GANA, PCN y PDC que apoyan la ley privatizadora del agua, para castigarlos con su voto.

La población salvadoreña también debe recordar que estos partidos que hoy quieren privatizar el agua son los mismos que privatizaron las telecomunicaciones, la energía eléctrica y las pensiones.

Los comicios del próximo año constituyen una valiosa oportunidad para elegir a una Asamblea que sea consecuente con los intereses de país y legisle para resolver los problemas económicos, sociales y ambientales que afectan a la gente.

Por el bien de todas y de todos, ojalá que así sea.