Según el informe presentado – esta semana – por el gabinete de Seguridad del Ejecutivo al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), únicamente el 38% de los fondos recaudados de la contribución especial para seguridad proveniente del impuesto a la telefonía se invirtió en prevención de la violencia.

Aunque el Plan “El Salvador Seguro” (PESS) – elaborado por el CNSCC – establece que más del 70% de los recursos deben invertirse en la prevención, la Asamblea Legislativa acordó que el porcentaje mayoritario fuera destinado a la represión del delito y persecución penal de la delincuencia.

Es lamentable que la prioridad del financiamiento para la seguridad establecida por los diputados y diputadas sea la represión, y no la prevención y la reinserción.

La Asamblea debe corregir esta distorsión, pues los niveles de reducción de la violencia serán insostenibles si no se apuesta fuertemente a la prevención: las pandillas seguirán engrosando sus filas si desde el Estado no se propician suficientes oportunidades para los jóvenes.

Mentalidades represivas, como la del presidente legislativo Guillermo Gallegos, deberían anotar la necesidad de invertir más recursos en la generación de oportunidades laborales, educativas, culturales, deportivas y de recreación para los miles de jóvenes que ahora sólo tienen como opción emigrar a Estados Unidos o ingresar a las maras.

Gallegos y demás diputados de derecha deberían apoyar la mirada integral de las políticas de seguridad, es decir: la combinación necesaria de estrategias y acciones de prevención de la violencia, represión del delito, reinserción de delincuentes y atención a las víctimas de la violencia.

El CNSCC debería exigir a la Asamblea que sea consecuente con esta lógica del PESS al momento de aprobar la distribución de los fondos de la contribución especial para la seguridad pública.

También es necesario que en el presupuesto nacional para el 2018, que ya está en discusión en la Asamblea, se incrementen las partidas para las políticas de prevención.

Incluso, el momento es oportuno para retomar la propuesta de un impuesto especial para la seguridad pública, que podría cobrarse a las empresas vendedoras de armas y a las compañías de seguridad privada, y utilizarlo principalmente para la prevención de la violencia.