Otro de los abusos cometidos por el fallecido ex presidente Armando Calderón Sol – además de privatizar telefonía, energía eléctrica y pensiones, subir el IVA y cerrar medios comunitarios – fue la entrega irregular de un canal estatal a una organización religiosa conservadora.
El Canal 8 fue cedido a la Asociación AGAPE, instancia “caritativa” dirigida por sacerdote de origen estadounidense Flavián Mucci, cercano a ciertos grupos oligárquicos del país. El irregular otorgamiento de dicha frecuencia televisiva en 1998 incluso generó la renuncia o destitución del entonces superintendente de SIGET, Orlando de Sola.
Por tanto, la recuperación de este canal estatal debe ser parte del proceso de reversión del nefasto legado del tristemente célebre ex gobernante arenero, junto con la desprivatización de las pensiones y la reversión del carácter regresivo del esquema tributario. El Ministerio de Educación y la SIGET tienen la palabra.
La recuperación del Canal 8 también debe concebirse en el marco de la necesaria institucionalización de un sistema de medios de comunicación públicos, que sean pluralistas e independientes de los gobiernos de turno y contribuyan a la construcción de un modelo mediático más democrático.
Un sistema de medios públicos es necesario para un modelo mediático más diverso caracterizado por una gama equilibrada de medios públicos, privados y comunitarios, como plantean los “Indicadores del Desarrollo Mediático” de la UNESCO y los “Estándares para una Radiodifusión Libre, Plural e Incluyente” de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.
Para esto es necesario que la Asamblea Legislativa retome el debate del proyecto de ley de medios públicos que “duerme el sueño de los justos” en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. La Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia debería solicitar que se reanude el estudio de dicha propuesta.
La discusión de ese proyecto de ley es oportuna en el contexto de la implementación de las reformas a la Ley de Telecomunicaciones aprobadas el año pasado por la Asamblea, el proceso de renovación de las concesiones radioeléctricas y la digitalización de la televisión, proceso que también debe realizarse en base a los indicadores de la UNESCO y los estándares de la CIDH.
Esperemos, pues, que el Ejecutivo inicie cuanto antes los trámites de recuperación del Canal 8 y que gestione la aprobación de la Ley de Medios Públicos.
Ojalá que así sea.
