Según el requerimiento fiscal, quien fuera vicepresidente de noticieros de Telecorporación Salvadoreña (TCS) lavó unos 8 millones de dólares provenientes de Casa Presidencial durante el último gobierno de ARENA. Por eso fue detenido y mandado por un juez a prisión preventiva.

La Fiscalía, sin embargo, no hace lo mismo con otros posibles vinculados a la corrupción del ex gobernante arenero. Por ejemplo, es llamativo que las investigaciones no incluyan a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, quien – al menos – debió enterarse y no denunció las actuaciones de Saca (Ana Vilma, además, debe ser enjuiciada por el caso FECEPE).

También es extraño que Fiscalía no procese al ex secretario jurídico Luis Mario Rodríguez, quien firmó cheques involucrados en la corruptela de Saca. Rodríguez hoy es alto personero de FUSADES, todo un “representante de la sociedad civil” que le exige transparencia y rendición de cuentas al actual gobierno.

Además, sorprende que el flamante Fiscal General Douglas Meléndez no investigue a otros posibles “destinatarios” de la corrupción de Saca en el ámbito empresarial, incluido el mediático.

El Fiscal Meléndez “se empacha” con el ex presidente caído en desgracia con la oligarquía y con sus funcionarios que ya no están en ARENA. ¿Será que la fidelidad al partido de derecha y su vínculo oligárquico es lo que salva a Ana Vilma (Grupo Poma) y a Luis Mario (FUSADES?

La pregunta es válida. Pues, lo que tienen en común Saca y todos los ex funcionarios corruptos que le acompañan en la cárcel es, precisamente, haber perdido la protección de las élites oligárquicas.

Por eso, las organizaciones que – genuinamente – promueven la transparencia y la lucha contra la corrupción deben presionar al Fiscal para que profundice las investigaciones y amplíe la querella hacia otros posibles involucrados (beneficiarios) de la corrupción de Saca.