Recientemente la Sala determinó que funcionarios e instituciones pueden rechazar peticiones de información cuando los hechos aludidos sucedieron en anteriores períodos de gestión, cuando otorgar la información genere altos costos financieros al Estado o cuando la información solicitada podría ser utilizada para afectar a alguien.

La medida ha sido rechazada por diversas organizaciones ciudadanas (ISD, FESPAD y OGA), la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y por el propio Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que califica como obstáculos para el acceso a la información los criterios establecidos por los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco.

Incluso, instancias de la derecha oligárquica como FUSADES – y otras que actúan como “coro de aplausos de la Sala” (FUNDE, DTJ, Consorcio por la Transparencia – han tenido que pronunciarse contra la nefasta resolución de los maquiavélicos magistrados, para parecer coherentes con su discurso sobre acceso a la información y transparencia.

El propósito de la condenable resolución de la Sala es generarle condiciones a ARENA para gobernar sin obligación de dar acceso a la información pública ni rendir cuentas a la ciudadanía, en caso de ganar las elecciones presidenciales del 2019.

Con tan ominosa resolución, los magistrados también buscan autoprotegerse y blindarse ante peticiones de información que puedan revelar actos de corrupción en sus acciones u omisiones. Jaime, González, Meléndez y Blanco saben que – concluido su período el próximo – año podrían ser enjudiciados por prevaricano, actos arbitrarios y otros delitos cometidos.

Por eso las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la ciudadanía honrada deben presionar para que la Sala se retracte y – ante el escrito presentado este día por el OGA – exijan que los magistrados corrijan su aberración jurídica y política en una “resolución aclaratoria”.

Y si los magistrados no lo hacen, el país debe exigir a todas las instituciones y funcionarios que desacaten esa espuria resolución que atenta contra el derecho ciudadano a la información, la obligación estatal de actuar con transparencia y rendir cuentas, la lucha social contra la corrupción y contra la promoción de una cultura de la probidad.