El ex jefe militar – extraditado la semana pasada desde Estados Unidos – confirmó que Cristiani estuvo en la reunión del estado mayor de la Fuerza Armada realizada horas antes de la masacre y autorizó el operativo para asesinar a Ignacio Ellacuría y sus compañeros “sin dejar testigos”.

Montano detalló que, como comandante general de la Fuerza Armada, el entonces presidente Cristiani estaba en la cima de la jerarquía del mando castrense. Así, el llamado “Presidente de la Paz” ordenó o avaló el horrendo crimen, por el cual debe ser procesado como autor intelectual.

Lo señalado por Montano confirma lo dicho por el ex ministro de Defensa Humberto Corado – en una entrevista televisiva en enero de 2016 – sobre que “los militares sólo cumplían órdenes de los políticos”. El ex militar, sin embargo, no reveló quiénes eran los políticos que daban órdenes.

Se sabe que Cristiani no viaja a España y otros países por temor a ser capturado y que con ayuda de personeros de la derecha española logró ser excluido de la lista de acusados requeridos por la Audiencia Nacional. Pero ahora que Montano lo incrimina, el ex mandatario debe ser procesado de inmediato.

El “Presidente de la Paz” debe ser tratado como es: un violador de derechos humanos, criminal de guerra y delincuente de lesa humanidad. Si no va extraditado a España porque su amigotes de la Sala Constitucional lo impiden, algún juez o jueza valiente debe enjuiciarlo.

La justicia tarda pero no olvida. El horrendo asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras no debe quedar impune: con la declaración de Montano, la Compañía de Jesús y las autoridades de la UCA – que ya pidieron reabrir el caso en el país – tienen elementos para ampliar la acusación incluyendo a Cristiani.

Más temprano que tarde, Cristiani estará en el banquillo de los acusados. Que así sea.