El Fiscal General, Douglas Meléndez, anunció ayer que valora la posibilidad de remover de su cargo a la funcionaria responsable de verificar la legalidad de las procesos eleccionarios. El anuncio responde a la petición de FUSADES, centro de pensamiento orgánico de ARENA que la semana pasada pidió la designación de un fiscal electoral “sin vínculos partidarios”.

La posible destitución de la fiscal electoral es el “segundo paso” del partido oligárquico para controlar la institucionalidad electoral, condición necesaria para perpetrar el fraude. El “primer paso” fue controlar el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El control arenero del TSE es gracias a la Sala Constitucional que ha suspendido al magistrado Ulises Rivas, de quien también FUSADES y la ANEP pidieron su cabeza por presuntos vínculos con el FMLN. En vez de Rivas asumió una magistrada suplente con claras relaciones con la derecha oligárquica.

Así se prepara un fraude en el país. Al mejor estilo del presidente hondureño Juan Orlando Hernández y sus secuaces, ARENA y los suyos – los magistrados de la Sala y el Fiscal General – pretenden controlar las instituciones electorales para manipular resultados de los comicios legislativos y municipales del 2018 y los presidenciales del 2019.

Por tanto, es urgente que toda la ciudadanía democrática esté alerta. Lo sucedido en Honduras es un espejo para el país: el control de la Corte Suprema de Justicia permitió a Hernández postularse a la reelección y el control de la institucionalidad electoral le permite manipular los resultados.

Para evitar un escenario similar en El Salvador es necesario que las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la población decente se movilicen. Es necesario presionar a la Sala Constitucional para que revierta la arbitraria e ilegal suspensión del magistrado Rivas, y así también hay que respaldar el desempeño íntegro efectuado por la fiscal electoral.

Hay que revertir la preparación del fraude.