Los demandantes señalan violaciones a la Ley de Partidos Políticos y al Código Electoral. Sostienen que el partido oligárquico usó fondos provenientes de lavado de dinero como “destinatario” de fondos donados por Taiwán y del peculado del ex secretario privado Elmer Charlaix que repartía dinero de la partida secreta durante el gobierno de Antonio Saca.

En el primer caso, una comisión especial de la Asamblea Legislativa, la Fiscalía y el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador documentaron que ARENA robó 10 millones de dólares donados por Taiwán para los afectados por los terremotos de 2001 y los utilizó para financiar la campaña electoral de 2004. Los fondos fueron desviados a través del Centro de Estudios Políticos “Antonio Rodríguez Porth”.

Esta actuación delictiva y fraudulenta, incluso, fue admitida públicamente por altos personeros de ARENA, entre éstos el ex presidente de la república Alfredo Cristiani y el ex jefe del COENA Jorge Velado.

Y, en el segundo caso, Fiscalía y Cámara Primera de lo Civil señalan que ARENA recibió – al menos – 400 mil dólares entregados por el ex secretario Charlaix en una millonaria operación de peculado realizada durante el ultimo gobierno arenero. Unos 350 millones de dólares fueron sustraídos de la partida secreta de Casa Presidencial, en un caso que involucra también a conocidas empresas de comunicación.

Por eso ARENA no debe existir como partido político, señala ASGOJU. Sin embargo, el partido oligárquico se mantiene impune, sin devolver el dinero robado y hasta ofrece “más transparencia” en la actual campaña electoral.

Esta impunidad arenera resulta de la omisión e incumplimiento de deberes de la Fiscalía. El fiscal general Douglas Meléndez no procesa delitos de corrupción que involucran a miembros de la derecha oligárquica y no aplica la Ley de Extinción de Dominio al partido opositor.

La población decente y honrada debe presionar para que el TSE no haga lo mismo y proceda a desinscribir a ARENA.