Los demandantes piden que la Sección de Probidad de la CSJ investigue por posible enriquecimiento ilícito a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar, al ex secretario jurídico de la Presidencia Luis Mario Rodríguez, al ex canciller Francisco Laínez, al ex ministro Carlos Guerrero, al ex diputado Sigfredo Ochoa Pérez y a la ex ministra Silvia Aguilar.

El escrito – presentado al pleno de la CJS – también solicita investigar al ex ministro Hugo Barrera, a la ex presidenta de la Defensoría del Consumidor Evelyn Jacir de Lovo, al ex asesor presidencial Roberto Simán y a los ex vice ministros Carlos Benjamín Orozco, Blanca Imelda Jaco, Emilio Saudi y José Luis Guzmán.

Complementan la lista Enrique Oñate Muyshondt, Gino Rolando Betaglio, René Escolán, Roberto Simán, Rogelio Milla y Sandra de Barraza. Algunos de los señalados todavía laboran en instancias del Ejecutivo (INSAFORP y FSV), la Alcaldía de San Salvador y otras instituciones.

Los denunciados aparecen en los recibos publicados recientemente por el bloguero Alejandro Muyshondt. Algunos de ellos, como la ex vicepresidenta De Escobar, habrían recibido sobresueldos mensuales de hasta 10 mil dólares.

Ésta es la tercera denuncia presentada por ASGOJU ante la Corte Plena: el año pasado presentó dos demandas contra otra veintena de ex funcionarios areneros. Una de éstas fue aceptada y está en curso una investigación de Probidad.

Las organizaciones sociales impulsan la campaña cívica “¡ARENA, devolvé lo robado!”. La semana pasada pidieron al Fiscal General Douglas Meléndez procesar al partido oligárquico por recibir dineros entregados por el ex secretario privado Elmer Charlaix y aplicar la Ley de Extinción de Dominio para recuperar para el Estado el dinero robado.

En las próximas semanas habrá nuevas demandas en Fiscalía, CSJ y Tribunal Supremo Electoral. Una de éstas será la petición de desinscribir a ARENA como partido político, por apropiarse ilegalmente de fondos públicos y utilizar dineros ilícitos en campañas electorales.

En relación a la demanda de ayer, el llamado es a que la CJS actúe.