Las promotoras de esta iniciativa plantean legalizar el aborto voluntario cuando esté en peligro la vida de la madre (aborto terapéutico), cuando el feto tenga malformaciones congénitas (aborto eugenésico), cuando el embarazo resulte de violación sexual y en casos de trata de menores (aborto ético).

La propuesta es respaldada por el Ministerio de Salud, el Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y el Sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, el conservadurismo y doble moral de los partidos de derecha, sobre todo ARENA, impiden la aprobación de las reformas correspondientes al Código Penal.

La prohibición total del aborto condena a mujeres a penas de hasta cuarenta años de cárcel por tener abortos accidentales. Estas mujeres – generalmente pobres, con bajo nivel educativo y sin acceso controles pre natales – son procesadas como asesinas, por un Sistema Judicial que actúa especialmente contundente y despiadado en estos casos.

La penalización del aborto es gravemente violatoria de los derechos de las mujeres y constituye una vergüenza nacional, pues el país es mal visto en el mundo entero. Por eso debe ser revertida de inmediato por los diputados y diputadas.

El Salvador está entre los pocos países que prohíben totalmente el aborto, junto con Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Malta y El Vaticano. Chile salió a finales del año pasado de esa ominosa lista por la acertada decisión de su Congreso Nacional y Corte Constitucional.

Por tanto, la legislatura saliente debe aprobar la despenalización del aborto en las causales mencionadas. El derecho de las mujeres a vivir y a decidir sobre sus propios cuerpos no puede seguir vulnerado por leyes retrógradas que responden a visiones hipócritas pregonadas por la Fundación “Sí a la Vida” y otras instancias del pernicioso lobby antiabortista.

Ojalá que así sea.