También denunciaron amenazas de una mayor precarización de las condiciones laborales: la reversión del aumento del salario mínimo, jornadas laborales de 12 horas, entre otras medidas promovidas por la derecha empresarial (ANEP, ASI, Cámara de Comercio y grandes grupos empresariales) y sus servidores políticos de ARENA, GANA, PCN y PDC.
Como parte del movimiento popular, los sindicatos exigieron también aprobar una ley general de agua no privatizadora, impulsar una reforma fiscal progresiva donde paguen más quienes tiene más, mantener la ley prohibitiva de la minería, la despenalización del aborto en las causales planteadas por las organizaciones de mujeres y demás demandas de los movimientos progresistas.
Además, las organizaciones advirtieron sobre el grave riesgo que para los intereses populares representa la correlación en la legislatura 2018-2021 que tomó posesión ayer mismo y donde la izquierda gobernante quedó reducida a una posición irrelevante con sus 23 de 84 diputados.
Los sindicatos dijeron estar alertas para movilizarse ante cualquier intento de la derecha parlamentaria de revertir los logros alcanzados durante los últimos dos gobiernos o aprobar medidas impopulares como incrementar el IVA, privatizar el agua o revertir la ley contra la minería metálica.
Las demandas de los trabajadores/as organizados son legítimas y sus advertencias son totalmente pertinentes, pues el país corre peligros con el dominio de la derecha oligárquica y sus aliados en la Asamblea. Además de las posibles medidas que advierten los sindicatos, ARENA y compañía podrán elegir magistrados de Sala Constitucional, Fiscal General, magistrados de Corte de Cuentas, Procurador General y titular de la PDDH afines a las élites empresariales.
Por eso todas las organizaciones progresistas, sectores democráticos y toda la población honrada deben acatar el llamado de los sindicatos y organizaciones laborales para evitar o revertir cualquier acción de los partidos de derecha nociva a los intereses nacionales y a los derechos de la gente.
