Diputados/as de derecha, especialmente del oligárquico partido ARENA, dieron -la semana pasada- una reprobable muestra de desprecio a los intereses comunes y de malcriadeza parlamentaria, que debe ser condenada por toda la población honrada, decente y trabajadora.

Los/as legisladores/as, miembras de la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, vilipendiaron a representantes de organizaciones sociales, de la UES y la UCA. Los parlamentarios/as conservadores, incluso, maltrataron al Arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, quien llegó a plantear sus argumentos en favor de la creación de un ente totalmente público para la rectoría de las políticas hídricas.

Los diputados de derecha han jurado no privatizar el agua, pero se niegan a abandonar el proyecto de ley privatizadora presentada por la Asociación de la Empresa Privada (ANEP) y se muestran hostiles hacia la propuesta que respaldan las organizaciones populares, la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos y las iglesias (católica y evangélicas), que establece el reconocimiento del agua como derecho humano, una institución pública para dirigir las políticas hídricas y la participación comunitaria en la gestión del vital líquido.

Por eso, en los próximos días y semanas incrementarán las movilizaciones populares. La Alianza contra la Privatización del Agua realizará actividades de protesta en todo el país hasta derrotar el proyecto privatizador del agua que promueven los azucareros, industriales y demás mercaderes del vital líquido financistas de los partidos de derecha.

Ojalá que toda la población se sume a esta lucha en defensa del derecho al agua y a la gestión pública de los bienes hídricos en todos los departamentos, municipios, barrios, colonias, cantones, caseríos y comunidades del país.

Desde este espacio editorial animamos al país entero a movilizarse contra el proyecto de ley privatizadora del agua y contra cualquier otro mecanismo jurídico que busque la mercantilización de los bienes hídricos. El estado debe asegurar el acceso a agua abundante y de calidad para el consumo básico de toda la población, antes que para las empresas que hacen negocio con el vital líquido.