Organizaciones de derechos humanos rechazaron la suspensión de la vista pública contra Imelda Cortez, joven que enfrentó violencia sexual por parte de su padrastro desde los 12 años, tuvo un parto extrahospitalario y es acusada de homicidio agravado en grado de tentativa. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) condenaron la inasistencia de la Fiscalía General de la República, razón por la cual se aplazó la audiencia.

Omar Flores de FESPAD señaló que mujeres como Imelda se enfrentan a una  fiscalía y un sistema judicial que las “criminaliza”.

El Tribunal programó para el 17 de diciembre la vista pública, con la posibilidad de que continúe hasta el 20 de ese mismo mes.Imelda Cortez deberá esperar 35 días más en el Centro Penal de San Miguel, que se defina su situación jurídica.

Debido a las irregularidades encontradas desde el inicio del proceso judicial contra Imelda, el 17 de abril de 2017, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) está dispuesto a acompañarla en los tribunales internacionales para demandar reparación a los daños que el Estado le ha causado, afirmó este lunes a la Red Informativa de Arpas Marcela Martino, subdirectora del programa para México y Centroamérica de CEJIL.