Los jueces reclamaron que la medida de emergencia en las cárceles, decretada por el presidente de la República, genera también trato no igualitario y falta de información sobre traslado y ubicación de reos. Enviaron un escrito a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para expresar sus valoraciones.

Por ARPAS/Foto: Referencia CSJ

Jueces y magistrados se reunieron de emergencia para definir enviar una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia en la que señalan ilegalidad y suspensión de 369 diligencias judiciales entre el 21 de junio y el 2 de julio, a partir de la implementación del plan gubernamental “Control territorial”.

Los jueces reclamaron que la medida de emergencia en las cárceles, decretada por el presidente de la República, genera también trato no igualitario y falta de información sobre traslado y ubicación de reos.

Señalaron que la medida se está aplicando a pesar de que no han sido avaladas totalmente por Jueces de Vigilancia, lo que va en contra de lo establecido en la Ley Penitenciaria.

De hecho, la jueza Segunda de Vigilancia Penitenciaria revirtió la emergencia en Cárcel de Mujeres debido a que consideró que la Dirección General de Centros Penales no justificó la suspensión de derechos de las privadas de libertad.

También cuestionaron que la medida no permita diferenciar entre reos comunes y los que están vinculados a crimen organizado, lo que podría generar violaciones a derechos humanos de los detenidos.

La emergencia en las cárceles implica encierro total en sus celdas y la suspensión de visitas, entre otras disposiciones.