La restitución en su cargo de una trabajadora de la Presidencia de la República, cesada de sus funciones tras el acuerdo Ejecutivo que disolvió cinco secretarías ordenó, a través de una resolución, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que admitió una demanda contra el Presidente de la República, Nayib Bukele.
Por: Norma Ramírez/ Foto: Sala de lo Constitucional
Según la Sala, la decisión de la Presidencia de suprimir plazas debió considerar criterios técnicos y procedimientos de evaluación de las y los trabajadores, situaciones que no ocurrieron como manifiesta en el texto la persona demandante.
“Previo a ordenar la supresión de una plaza de trabajo, debe establecerse la conveniencia de dicha supresión y probarse las razones por las cuales se considera que el aludido cargo es innecesario para el desarrollo normal de las actividades de la entidad respectiva, así como también que aquel efectivamente desaparecerá del presupuesto institucional”, dice la Sala de lo Constitucional en su resolución.
La persona demandante es una de las más de 700 que fueron “cesadas” de sus funciones el 03 de junio, luego que el Presidente de la República y su consejo de ministros decidieran disolver las Secretarías de Inclusión Social, Transparencia y Anticorrupción, Técnica y de Planificación, de Gobernabilidad y la de Vulnerabilidad.
Las y los trabajadores despedidos denunciaron que el mecanismo utilizado fue arbitrario pues no se realizaron evaluaciones técnicas de sus puestos de trabajo ni de su desempeño.
La Asamblea Legislativa no ha tomado una decisión aún sobre la propuesta de Decreto presentada por el Gobierno para que las Secretarías ya mencionadas desaparezcan oficialmente.
Movimiento de despedidos de la Presidencia señala ausencia de PDDH en el tema
Mientras tanto, las y los trabajadoras continúan denunciando violación a sus derechos laborales. La mañana de este jueves llegaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para exigir la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno.
Éstas personas se organizaron para formar el “Movimiento de personas despedidas de la Presidencia”. Héctor Rodríguez, parte del movimiento dijo que “están buscando que la institucionalidad del país funciones. A tres meses del gobierno la Procuradora de Derechos Humanos no ha hecho ningún pronunciamiento a favor de los trabajadores, cuando es un rol que compete a esta institución”.
“Lamentamos que la Procuradora no se ha pronunciado. Ella se enfrascó en ver su reelección y se olvidó del cargo que ostenta que es de velar por el interés de los trabajadores”, afirmó Eduardo Bernal, otro de los trabajadores cesados.
La tarde de este jueves Raquel Caballero, Procuradora de Derechos Humanos, recibió a representantes del Movimiento de personas despedidas de la Presidencia. Según la funcionaria “tiene 24 expediente abierto de personas cesadas”.
La titular de la PDDH afirmó que al final de la reunión lograron acuerdos importantes. “Llamamos al Presidente para que reconsidere estos casos y se monte una mesa de negociación y diálogo para analizar perfiles de las personas”.
