Este mes se cumplió un año del inicio de las llamadas “caravanas de migrantes” que partieron de los países del triángulo norte Centroamericano con rumbo a Estados Unidos. En este marco organizaciones sociales acompañados de la PDDH cuestionaron el acuerdo firmado por nuestro país con Estados Unidos.
Por Arpas
Los convenios de “tercer país seguro” no van a resolver el fenómeno migratorio y tampoco a contener los flujos, advirtieron organizaciones quienes este viernes, junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se pronunciaron sobre el tema.
“Nos preocupa la respuesta tan servil y humillante de los gobiernos del norte de Centroamérica a Donal Trump, en aceptar ser tercer país seguro con el financiamiento y despliegue de la patrulla fronteriza para frenar la migración indocumentada”, afirmó el Padre Mauro Verzeletti de la Red Scalabrini, quien calificó las políticas del gobierno nortamericano como inhumanas.
Datos brindados por la Red Scalabrini detallan que hasta septiembre de 2019 más de 200 mil personas de países como Guatemala, Honduras y El Salvador fueron deportadas de Estados Unidos. En el caso específico de nuestro país, el retorno de connacionales ha aumentado 50%, dice esta organización.
Verzeletti también cuestionó la “mercantilización” de la migración por parte de grupos ilícitos y bandas de narcotráfico. “El negocio del crimen organizado y el narcotráfico cooptaron la ruta migratoria desde septiembre de 2001”, esto también amenaza la vida de las personas pobres y necesitadas, y los gobierno no hacen nada al respecto, dijo.
La Procuradora Adjunta de personas migrantes y seguridad de la PDDH, Beatriz Campos, explicó que, frente a los datos, les preocupa la suscripción del convenio denominado “acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y El Salvador relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección”, que en la práctica significa que nuestro país se convierte en un “tercer país seguro”.
“El Salvador no está listo para recibir a personas asiladas, no contamos con mecanismos adecuados para atender sus necesidades, se podrían violentar sus derechos”, afirmó la funcionaria de la PDDH.
Por su parte, Leonel Herrera de Arpas y ALER cuestionó que el acuerdo haya sido firmado “de espaldas a la gente y en total intransparencia”. Según Herrera, este convenio debería ser de conocimiento público para conocer las implicaciones del mismo.
“Cuando nosotros cuestionamos este acuerdo no es que no seamos solidarios, que no queremos que venga personas a asilarse en el país. Lo que señalamos es que una grave irresponsabilidad de los gobiernos de la región de ofrecer a estos países que son tan inseguros”.
Además, Herrera sostuvo que la firma de los convenios de países seguros forman parte de la “estrategia reeleccionista” del presidente Donald Trump.
“Él se presentará ante los electores antimigrantes en Estados Unidos como (un gobernante) que ha sabido detener la migración negociando con los gobiernos de México y Centroamerica que impiden el flujo de migrantes”, señaló.
Este mes se cumplió un año del inicio de las llamadas “caravanas de migrantes” que partieron de los países del triángulo norte Centroamericano con rumbo a Estados Unidos. Este fenómeno puso en evidencia que los problemas estructurales por los que las personas deciden abandonar sus países de origen continúan: desigualdad, violencia, reunificación, entre otros.
