Recientemente, la Revista Factum reveló que el Instituto de Acceso a la Información Pública entregó a Casa Presidencial datos personales de quienes realizaron solicitudes de información a diferentes instituciones, durante la primera quincena de junio de 2019. Reportes que, según la investigación periodística, fueron avalados por el entonces presidente del Instituto, René Cárcamo.
Por Krissia Girón/Foto: FESPAD
Tanto el Instituto de Acceso a la Información Pública, como Casa Presidencial podrían haber violado los artículos 24 y 26 de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, que establecen los delitos de utilización de datos personales y revelación indebida de datos o información de carácter personal. Así como el artículo 324 del Código Penal, que tipifica el delito de revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado oficial.
Por estas razones, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) presentaron un aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), para que investigue a ambas instituciones estatales y determine las responsabilidades en este caso.
“El IAIP es la institución garante de resguardar la información personal de la ciudadanía que hace uso de la LAIP”, dijo Loyda Robles, coordinadora del programa de Transparencia de FESPAD.
Para el director de FESPAD, Saúl Baños, hay una aceptación tácita de que se ha cometido un delito. “La semana anterior, el ahora ex presidente del IAIP, se avocó a la FGR para presentar un aviso de investigación. El día posterior, revista Factum revela audios en donde aparece la voz de él donde acepta haber dado la orden para que la información sea transmitida a Casa Presidencial. Posteriormente, él renuncia”, sostuvo Baños.
Las organizaciones señalan, además, que CAPRES no necesita los datos personales de quienes solicitan información, “sino datos estadísticos de cuáles son las instituciones donde más se pide información o donde menos se pide, son otros los datos que necesita CAPRES”, afirmó Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS.
“Hay dos instancias involucradas en este caso: Casa Presidencial actual, y si en el gobierno anterior pasó, pues que se investigue también a la anterior administración”, dice Herrera.
Sobre este tema también se pronunció el Relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, quien calificó como grave la denuncia por filtración de datos personales del Instituto de Acceso a la Información Pública a la Presidencia de la República. “El órgano que debe garantizar el derecho estaría brindando datos desde hace años. Imperioso que ambas instituciones rindan cuentas!” escribió el relator en su cuenta de Twitter.
Aquí puede leer el texto completo del aviso de investigación.
AVISO-FGR-18-11-19-1
