Con 57 votos diputados y diputadas de las diferentes fracciones legislativas, aprobaron la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, normativa que contiene 67 artículos y cuyo fin es, según se plantea, lograr el aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura de los residuos.
La Ley establece que será el Ministerio de Medio Ambiente el ente rector en la materia y tendrá las tareas de regular, dirigir, emitir autorizaciones, monitorear, evaluar, controlar, sancionar y realizar los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de la ley, sus reglamentos y demás normativa técnica aplicable.
También deberá formular, conducir y evaluar las políticas nacionales en materia de gestión integral de residuos y de reciclaje, así como la elaboración y ejecución del Plan Nacional para la Gestión Integral de Residuos (PNGIR).
Como parte de su trabajo, el MARN será responsable de administrar el Sistema de Gestión Integral de Residuos (SGIR).
En los territorios, las alcaldías serán las encargadas de la gestión de los residuos que se generen; además, deben promover y garantizar los servicios prestados a través de la contratación y participación de terceros, emitiendo las normativas locales correspondientes. También tendrán la facultad de establecer sanciones por incumplimiento de la Ley.
Sobre los acuerdos con empresas que prestan los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos, la Ley establece que las municipalidades no están amarradas a contratos.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT) tiene como responsabilidad, según establece la Ley, la incorporación a la currícula nacional de temas como gestión integral de residuos, en los diferentes niveles educativos.
La Ley también incluye la formación y capacitación de microempresas, cooperativas y otras organizaciones que trabajan en la recuperación, separación, tratamiento, reciclaje o gestión integral de residuos.
Sobre las multas para quienes violenten su contenido, el artículo 51 establece sanciones de dos salarios mínimos mensuales por infracciones leves, de 2 a 30 salarios mínimos por faltas graves y de 21 a 40 salarios mínimos por infracciones muy graves; además de la revocatoria de los permisos o autorizaciones otorgadas.
