Este miércoles, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia otorgó hasta el 28 de febrero del 2020 para dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Para las organizaciones sociales, esta es una nueva oportunidad para la Asamblea Legislativa “de hacer bien las cosas”.
Por: Krissia Girón y Norma Ramírez/ Foto: Referencia- Asamblea Legislativa
José Lazo, representante de Pro-Búsqueda, espera que las y los diputados consideren esta prórroga para cumplir con la sentencia y aprobar una Ley de Reconciliación y Reparación a Víctimas. “Nos estamos cansando de que se ha jugado con tanto dolor durante tanto año. Una sentencia que se ha venido prolongando y con ello el dolor y el sufrimiento de las víctimas”, expresó.
Para Lazo, “la Sala se quedó corta”, ya que esperaban que la Sala amonestara a la Asamblea Legislativa por el retraso y el incumplimiento de la Asamblea Legislativa.
A través de un comunicado, la Sala expresó que si bien la Asamblea Legislativa ha desarrollado ciertas acciones para dar cumplimiento a la sentencia, estas son “insuficientes para lograr acuerdos sobre los procesos de transición que revisten el más alto interés público”, ya que requieren de consultas y debates públicos profundos.
Por ello otorga 86 días para aprobar una ley de reconciliación nacional y asistencia a víctimas, que se apegue a los parámetros establecidos en la sentencia sobre la ley de amnistía, y en las resoluciones de seguimiento.
La sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía fue emitida el 13 de julio de 2016. Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha solicitado dos prórrogas para aprobar una ley de reconciliación nacional, ya que no existen acuerdos entre las y los parlamentarios. Dicha ley debe cumplir con garantías de acceso a la justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición para las víctimas.
Piden sanciones por desacato
El desacato de la Asamblea Legislativa sobre la Ley de Reconciliación Nacional vulnera los derechos de las víctimas de graves violaciones a derechos humanos y es constitutivo de delito, denunciaron esta mañana las organizaciones de la Mesa contra la Impunidad de El Salvador.
Ima Guirola de CEMUJER, afirmó que la Asamblea se encuentra en una falta legal grave al no cumplir en tiempo la sentencia emitida en 2016 por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y que ordenó se creara una nueva Ley de Reconciliación.
Las organizaciones reiteraron su denuncian pues, afirman, que la Asamblea pretende aprobar una nueva Ley de Amnistía. Jaime García señaló que “hay que preguntarse qué poderes hay detrás de la negativa de diputados” de aprobar una ley que responda a las demandas de las víctimas.
Además, las organizaciones de la Mesa contra la Impunidad reclamaron la falta de cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad por parte del Órgano Ejecutivo. “El gobierno no ha diseñado y ejecutado un programa integral de reparación material y simbólica enfocados en todas las víctimas del conflicto armado; ni ha realizado gestiones para incorporar una partida para tal fin en los diversos ejercicios presupuestarios”, dicen en un comunicado.
Afirmaron que esperan que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que este 04 de diciembre culmina su visita in loco al país, incluya en su informe recomendaciones relacionadas al tema.
En su reunión con la Asamblea Legislativa, la CIDH reiteró que los crímenes de lesa humanidad no pueden recibir amnistía.
