Este jueves debía realizarse la audiencia preliminar contra tres agentes de la Policía Nacional Civil acusados por el asesinato de Camila Díaz Córdoba, una mujer trans que falleció a causa de las lesiones que, presuntamente, le provocaron los señalados en enero de este año.
Por Krissia Girón y Norma Ramírez/Foto: Diario Colatino
El caso de Camila cobra mayor relevancia al ser el primer asesinato contra una persona de la diversidad sexual tipificado como crimen por odio, tras la histórica reforma al Código Procesal Penal de 2015, que incluyó este tipo de hechos como delito.
Las organizaciones exigieron que no haya más retrasos en el proceso judicial, ya que la audiencia fue reprogramada hasta enero de 2020.
“Esperamos que esto no sea un retraso más en la justicia para dejar en la impunidad un asesinato con lujo de barbarie”, dijo Mónica Linares dela organización ASPIDH Arcoiris Trans.
El informe «Basta de Genocidio Trans en El Salvador», que recopila datos de 2018 y presentado este año por ASPIDH Arcoiris, reveló que la Policía Nacional Civil es una de las principales instituciones señaladas por cometer violaciones a derechos humanos en contra de mujeres trans.
Además, las organizaciones apuntaron que desde 1999 se han cometido en el país más de 500 crímenes de odio, los que continúan en la impunidad.
Denuncian que el Estado se ha desligado de su obligación de garante de derechos humanos de la población LGBTI, en el caso de Camila Díaz Córdoba, reclaman la falta de protección; pues debido a múltiples amenazas ella tuvo que migrar a Estados Unidos donde «a pesar de las pruebas presentadas no se le brindó asilo como refugiada y cuatro meses después de su deportación ocurre su asesinato», afirman.
El informe sobre hechos de violencia contra las mujeres del primer semestre de 2019, también consigna datos respecto a hechos de violencia contra la diversidad sexual, según éstos en seis meses ocurrieron más de 600 casos.
