En su informe preliminar tras la visita in loco realizada en El Salvador a inicios de diciembre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó «la utilización del régimen de aislamiento que resulta claramente opuesto a los estándares en materia de privación de libertad».

Por Josseline Roca y Norma Ramírez/Foto: Ministerio de Justicia

La CIDH constató la situación de hacinamiento en la que se encuentran las personas en los centros penales, cuya población total es de 38,627 personas privadas de libertad. Entre algunas de las visitas realizadas por la CIDH señalaron que, por ejemplo, “en el Centro Penal de Izalco, la Comisión observó a 94 personas recluidas en celdas con capacidad para 28 personas”.

“Según el World Prison Population List, El Salvador es el segundo país del mundo con la mayor tasa de encarcelamiento, con 604 por cada 100,000 habitantes. Frente al alto número de personas detenidas, la CIDH observa con preocupación que a la fecha solo existen aproximadamente 15 jueces de Vigilancia Penitenciaria y Ejecución de la Pena para ver el cúmulo de más de 38,000 casos”, dice el informe preliminar.

En materia de seguridad pública, destacó la reducción de homicidios en los últimos meses, que se constituye en la más baja desde los Acuerdos de Paz. Sin embargo, expresó preocupación por la falta de transparencia del Plan Control Territorial impulsado por el Gobierno.

A la CIDH le inquieta la creciente participación de militares en tareas de seguridad pública, desde la implementación de las medidas extraordinarias, y el incremento al presupuesto para la FAES en 2020. Señaló «uso abusivo del poder punitivo del Estado».

Además, el organismos “alienta al Estado a publicitar el contenido del Plan de Control Territorial, así como la importancia de restablecer espacios de participación ciudadana, como el extinto Consejo de Seguridad Ciudadana”.

En otro tema, la CIDH llamó a que en la construcción de la Ley de Reconciliación Nacional sean escuchadas las voces de las victimas y se respeten los estándares en justicia transicional. Además llamó a garantizar la apertura de los archivos militares.

“La CIDH llama al Estado de El Salvador a dar pasos urgentes y decisivos para ordenar, sistematizar y poner a disposición toda la documentación – operacional, administrativa, financiera, sanitaria, de relaciones públicas y cualquier otra naturaleza -, así como poner a disposición de las víctimas, las autoridades judiciales y de la sociedad en su conjunto – en este último caso, con el tratamiento de la protección de aspectos sensibles”, dice la Comisión.

La Comisión también lamentó el alza de crímenes de odio. «Preocupa a la CIDH que los pocos avances logrados hasta ahora en el país puedan estar en riesgo de retroceso o de desaparición, por la ausencia de una partida presupuestaria dedicada a la materia en el reciente presupuesto general presentado», señala.

Sobre la violencia contra las mujeres, «la Comisión observa con gran preocupación que El Salvador continúa siendo el país con mayor número de asesinatos de mujeres en la región».

También señala que “en el caso de las mujeres con compromisos políticos, la Comisión ha observado que su ejercicio de los derechos políticos se ve notoriamente afectados por la prevalencia de estereotipos de género discriminatorios que las encasillan en el ámbito doméstico, desconocen su rol fundamental en el espacio público y resultan en actos de violencia contra ellas”.

Respecto a la criminalización del aborto, instó al Estado salvadoreño a «tomar las medidas necesarias para emprender un moratorio a la aplicación del artículo 133 del Código Penal, a revisar detenidamente las condenas en cada uno los casos relacionados con emergencias obstétricas en miras a asegurar juicios justo, libres de estereotipos y en cumplimiento con las reglas del debido proceso a cada una de las mujeres en estas circunstancias con el fin de que puedan recobrar su libertad».

“La Comisión advierte con gran preocupación un patrón de criminalización por el cual las mujeres, en su mayoría pobres y de entre 18 y 23 años de edad al momento de sus condenas, han sido sentenciadas sistemáticamente a penas de 30 años de prisión, tras ser denunciadas, en su mayoría, por operadores de salud como médicos y enfermeras”.

En materia de libertad de expresión indicó que ha recibido denuncias de ataques en redes sociales contra periodistas, que se agravan en el caso de las mujeres, «restricciones en el acceso a conferencias de prensa gubernamentales, y una distribución de la publicidad oficial que sería discriminatoria con medios que han publicado críticas hacia el gobierno».

“La Comisión advierte, particularmente, la situación de mujeres periodistas, que enfrentan discriminación tanto por su oficio como por su género, así como diversas formas de violencia, incluidos hostigamientos, insultos, amenazas y asesinatos, como fue el caso del asesinato de la periodista Karla Turcios”, agregan.

La CIDH también expresó su preocupación por la situación de las personas en condición de desplazamiento forzado, quienes “usualmente se encuentran en situación de pobreza y desigualdad, y son las más vulnerables a la violencia”.

“Siguen siendo de extrema preocupación las condiciones de vida que estas personas y familias se ven forzadas a enfrentar por la falta de una protección especializada por parte del Estado dirigida a disminuir los factores de riesgo del desplazamiento, incluyendo la exposición de las personas desplazadas por la violencia de maras y pandillas”, señala la Comisión.

Sobre el derecho humano al agua, la CIDH la “subrayan la necesidad de tener un enfoque de derechos en las políticas y marcos normativos relacionados al agua y al medio ambiente, en particular en contextos de gestión y uso de agua de forma transfronteriza, actividades de empresas públicas y transnacionales, implementación de tratados de inversión, como en la ejecución y financiamiento de proyectos de desarrollo”.

Entre algunas de las recomendaciones preliminares de la CIDH al Estado salvadoreño se encuentran:

-Que en materia de seguridad se “publicite el Plan de Control Territorial e incorpore instancias de participación de la sociedad civil y difusión de las políticas de seguridad ciudadana”.

-Crear espacios de escucha de las víctimas del conflicto armado interno que les permitan expresar sus necesidades con respecto a las distintas prestaciones estatales en materia de verdad, memoria, justicia y reparación a las graves violaciones de derechos humanos.

-Revisar los casos de mujeres condenadas a penas de prisión severas por homicidio agravado por hechos relativos a emergencias o complicaciones obstétricas; así como dar trámite prioritario a las solicitudes de conmutación de la pena en curso.

-Adoptar las medidas necesarias para lograr la aprobación y adopción de la Ley de Identidad de Género y que ésta sea conforme a los estándares interamericanos en la materia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que continúa trabajando en el informe final de la visita in loco realizada en diciembre de 2019 en la que incluirá la evaluación realizada en el país sobre la situación de los derechos humanos.