Organizaciones sociales y diferentes sectores han hecho llamados al gobierno, para no aprovechar la situación de emergencia por COVID-19 para «imponer medidas económicas» que en el futuro puedan afectar a la población.
Funcionarios del Gabinete de Salud Ampliado informaron sobre nuevas medidas a tomar frente a la emergencia por COVID-19, un día después de la confirmación del primer caso en el país.
Entre estas, proponen nuevas disposiciones de corte económico:
- Para el sector turismo: ampliar el plazo para pagar el impuesto sobre la renta del 2019, debidamente declarada, hasta por 30 días sin intereses, multas y recargos, para personas naturales y jurídicas cuyo impuesto a pagar sea de hasta 25 mil dólares. También suspender la contribución especial al turismo del 5%, por 3 meses.
- De carácter general: Ampliar el plazo del pago de Impuesto Sobre la Renta del 2019 hasta 30 días, para personas naturales y jurídicas, que cancelan hasta 5 mil dólares.
- También proponen dar más tiempo para el pago a cuenta del Impuesto Sobre la Renta de los meses marzo, abril y mayo, y se otorgarán hasta 6 cuotas sin intereses ni recargos.
El Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo que para brindarle “apoyo” al sector público a través del sector privado, se generará «exención de impuesto para las donaciones encaminadas a atender la emergencia”.
Además, el titular de Hacienda presentó este día el decreto para el préstamo por 2 mil millones de dólares a la Asamblea Legislativa. Este préstamo, según Fuentes, serán destinados para crear el fondo de emergencia, recuperación y reconstrucción económica, el cual se distribuiría en los siguientes rubros:
- 50 millones de inversión para la recuperación económica de las micro y pequeñas empresas, mediante programas de inversión para la ampliación de capacidades y entrenamientos productivos.
- 80 millones de dólares para el sector agropecuario, dirigido a la seguridad alimentaria.
- Bono de 150 dólares a todas las personas de las instituciones de gobierno que trabajan directamente durante la emergencia y para la emergencia.
Agregó que se pretende generar un crecimiento de la inversión pública para poder dinamizar la economía, a través de la generación de un programa de viviendas y la infraestructura que se pueda desarrollar con los 262 municipios. A la fecha se han presentado 320 proyectos que suman 90 millones de dólares.
Exigen que medidas no afecten a la población en el futuro
Ante las medidas económicas debido a la emergencia por COVID-19, desde diferentes sectores cuestionan tanto el enfoque como la planificación de las mismas. Por ejemplo, el ex presidente del Banco Central de Reserva, Oscar Cabrera, vé con preocupación la falta de política fiscal, mayor gasto en la inversión pública y la política financiera prestamista.
“¿Será que vienen otras medidas de políticas públicas cuando se acceda a las líneas de crédito del Banco Mundial y del FMI?” cuestionó en sus redes sociales.
Por su parte, organizaciones sociales aglutinadas en la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, pidieron al órgano Ejecutivo no aprovechar la emergencia por COVID-19 para implementar medidas económicas que vayan en detrimento de la población.
“Que esta situación no sea excusa para aplicar medidas de ajuste económico que afecten al pueblo salvadoreño en el futuro» dijo Katherine García, representante de la Alianza.
Días atrás, la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares hizo el mismo llamado a no «imponer medidas económicas que menoscaben los derechos y la calidad de vida de la población» “
«Bukele podría usar la emergencia para aplicar medidas propuestas por el Fondo Monetario Internacional, como aumentar el endeudamiento público o aplicarnos las medicinas amargas anunciadas desde el inicio de su gestión”, afirmó Margarita Posada, integrante de la Coordinadora.
