El mandatario acusó a los juzgadores de «proteger a delincuentes».
Por: Josseline Roca y Norma Ramírez/ Foto: Centros Penales
El Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador ha revocado la declaratoria de emergencia en el centro penitenciario «La Esperanza», conocido como Mariona. Asimismo el Jugado Tercero de Vigilancia suspende la medida en el pabellón de reos del hospital Psiquiátrico. La razón, según dijeron, es que no hay argumentos suficientes para imponerla.
Al respecto, el director de Centros Penales, Osiris Luna, aseguró que, siguiendo lineamientos del presidente Nayib Bukele mantendrán las «medidas drásticas». Mientras que el mandatario acusó a los juzgadores de «proteger a delincuentes».
El presidente Nayib Bukele ordenó, vía Twitter, que Centros Penales decretara «emergencia máxima» en las cárceles. La decisión se dio en el contexto del asesinato de dos soldados; sin embargo el mandatario no argumentó las razones. Un día después el ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, aseguró que la decisión se debió a un supuesto plan de desestabilización de los recintos penitenciarios.
Piden cumplimiento de Ley Penitenciaria
Familiares de personas privadas de libertad y organizaciones realizaron esta mañana una marcha pacífica hacia Casa Presidencial, para demandar el cumplimiento del artículo 23 de la Ley Penitenciaria, el cual regula la declaratoria de emergencia en los recintos.
La movilización fue detenida por la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), que les bloqueó el paso.
Estas personas denuncian las precarias condiciones en las que se encuentran sus familiares en Centros Penales, que se agravan con las declaratorias de “emergencia”.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), calificó la orden de Bukele como una decisión contraria a la Constitución de la República.
A través de un comunicado afirmaron que la Ley Penitenciaria es clara respecto al procedimiento que debe seguirse para declarar “Estado de emergencia” y los motivos por los que procede.
“El artículo 23 de esta ley señala que corresponde a los directores de los centros penitenciarios declararlo por motivos de fuerza mayor, caso fortuito, actos de indisciplina y desórdenes colectivos, actos de desestabilización (amotinamientos o motines)”, argumentan.
Además, agregan que la orden emitida por el Presidente de la República es contraria a lo contemplado en el informe preliminar emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como resultado de la visita “in loco” en diciembre de 2019.
“La Comisión condena la utilización del régimen de aislamiento que resulta claramente opuesto a los estándares en materia de privación de libertad, y coloca la integridad personal en una situación especial de riesgo y con afectaciones que pueden prevalecer durante toda la vida de las personas sometidas a este régimen”, dijo la CIDH en su informe preliminar.
El director para las Américas de Human Rigth Watch, José Miguel Vivanco, calificó la medida del presidente Bukele, como «abusiva».
“No es admisible castigar a todos los presos del país por el delito que pueden haber cometido algunas personas en particular”, aseguró Vivanco.
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